www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

El jurado, una institución discutible

Juan José Solozábal
martes 31 de enero de 2012, 21:31h
Muchos no hemos superado los recelos frente al juicio por jurado que se entrevén en la Constitución, cuando se ocupa de la institución en el artículo 125, pues lo cierto es que la Norma Fundamental es sumamente parca, limitándose a prever una ley que, en determinados procesos penales, contemple la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia a través del jurado. “Los ciudadanos podrán …participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado en la forma y respecto a aquellos procesos penales que la ley determine…”

Así la Constitución no consagra un tipo concreto de jurado (el puro o el escabinado), no determina los casos cuyo conocimiento está reservado al jurado y ni siquiera establece una mandato de intervención al legislador, contemplando solo una habilitación, al modo en que opera la Constitución en otros casos. Por ejemplo en relación con la incorporación de Navarra a Euskadi, en la Disposición Transitoria cuarta, la Constitución se limita a prever su posibilidad, sin imponerla obviamente. El legislador tardó en ejercer la facultad normativa contemplada, vuelvo a repetir no impuesta, en la Constitución hasta el año 1995 (LO/5/1995) en que se aprueba la Ley del Jurado. Parecen sensatos los recelos del constituyente y no pudo achacarse, a mi juicio, a negligencia culpable la tardanza del legislador.

Quizás la cobertura política e ideológica del jurado no se mantiene en la actualidad. El jurado, que contempla la intervención de los ciudadanos en la administración de la justicia penal admitiendo su veredicto sobre la culpabilidad y decidiendo sobre la validez de las pruebas, se imponía en un contexto, el del constitucionalismo liberal, en el que se temía la resistencia conservadora y corporativa de los jueces leales todavía al antiguo régimen. Este significado político del jurado expresando un recelo frente a los jueces contaminados explica que durante nuestro siglo XIX la Constituciones reservasen el conocimiento al jurado precisamente de los delitos de prensa e imprenta.

Asimismo la justificación del jurado pudo aceptarse como una consecuencia del carácter democrático del Estado que había de llegar a determinar la intervención popular en la composición de todos sus poderes o ramas, también por tanto en el caso del poder judicial. Sin embargo llevar a ultranza las exigencias democráticas en la constitución del Estado, ya lo advirtió Kelsen, no garantiza la observancia de otros criterios necesarios asimismo en nuestra forma política , en cuanto Estado de Derecho, y puede arriesgar la propia aplicación de la voluntad popular.

Estas reticencias frente a los jueces hoy no tienen sentido: la administración de la justicia adquiere su carácter democrático fundamentalmente del derecho que aplica, que es el fijado por los representantes populares. Es la aplicación exacta de la legalidad concebida como operación estrictamente técnica lo que garantiza la ejecución de las leyes democráticas. Todo el mundo entiende que aunque se limite el jurado para el conocimiento de determinados delitos, el ejercicio jurisdiccional es, hoy, una labor extraordinariamente compleja que requiere de una especialización inevitable. Además en un Estado de Derecho la actividad jurisdiccional se lleva a cabo en condiciones de absoluta independencia e imparcialidad que ayuda a conseguir la formación profesional de los magistrados y jueces.

Prescindiendo de deficiencias en las que puede incurrir la regulación del jurado actual, por ejemplo referentes a las facilidades de la exclusión de su conocimiento en los casos de concurso de delitos, o las limitaciones del recurso de apelación que no permite el replanteamiento de los hechos en la instancia superior, lo que más dudas sugiere es su idoneidad para juzgar supuestos de corrupción o cohecho, en los que es muy difícil garantizar un juicio imparcial, dada la presión ambiental y mediática para los miembros del jurado.No es necesario apuntar a un ejemplo de nuestros días que todos tenemos en mente para concluir que la politización de la justicia parece un riesgo más amenazante en un juicio por jurado que en el caso de un tribunal integrado por magistrados profesionales.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios