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Manifestantes a la puerta del Tribunal Supremo

Por ley se prohibió la publicidad comercial en Televisión Española, que únicamente puede emitir anuncios promocionales o de carácter solidario y benéfico. Un twitero escribió el otro día que Televisión Española parece haberse olvidado de la prohibición. No hace falta, señaló, más que contemplar cualquiera de las ediciones del telediario y comprobar que siempre están patrocinadas por Baltasar Garzón.

España parece reducirse al juez estrella. Jamás ningún juez había logrado que se hablara tanto de él (y nunca volverá a conseguirlo ningún otro). Aunque la inmensa mayoría sigue silente en espera de acontecimientos, unos pocos han disfrazado la solidaridad en forma de presión sobre el Tribunal que le enjuicia. Lo que es disculpable en algunos bienintencionados, no lo es en otros que conocen perfectamente la ley. Hemos asistido a situaciones que provocan bochorno, pero en España nos hemos (mal) acostumbrado a aplicar la hipertolerancia del todo vale. Me contaba hace unos días un Magistrado del Tribunal Supremo –que nada tenía que ver con la Sala enjuiciadora- que había tenido que soportar, cuando pretendía entrar a su despacho, que a dos metros le gritara Pilar Bardem con rabia que era un fascista. Entrar en el Tribunal Supremo con traje y cartera es, pues, sinónimo de ser fascista. ¿A dónde han llegado algunos que dan los diplomas de demócrata?

Yo, como la inmensa mayoría, confío en la independencia judicial. Y no sólo confío sino que creo en ella por convicción y también, claro, porque nuestra Constitución (en la que también creo) constituye un Poder Judicial rabiosamente independiente, por más que tantos manipuladores sólo acepten la independencia de los jueces (o de los jurados) cuando les dan la razón. El sectarismo ha plantado tantas semillas en los campos de España que sería necesario contratar centenares de cuadrillas de jóvenes, incontaminados aún, para que las arrancaran de cuajo (y para siempre).

Prefiero no hablar de algunos incomprensibles silencios ante tamaña perversión de la realidad, ante alegatos parvularios, ante lemas que debían sonrojar a quiénes los portan, ante venganzas personales inconfesables. En cualquier caso, priman los gritos del silencio. El Estado de Derecho se manifiesta en silencio. Como siempre.

Es enorme la tarea que tiene por delante el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ha completado un equipo profesional de grandísimo nivel. Volveremos en otra entrega sobre el programa de gobierno de Justicia que ha presentado en la Comisión del Congreso de los Diputados. Hoy sólo haremos mención al proyecto de cumplir y hacer cumplir la Constitución en lo que se refiere a la elección por y entre los jueces de los doce Vocales de ese origen del Consejo General del Poder Judicial, tras veintiséis años de vida de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conocida como Ley Ledesma, que parlamentarizó su nombramiento. Pero me viene a la cabeza, ahora que se vuelve a hablar de depuración de jueces fascistas en la puerta del Tribunal Supremo, que dicha Ley adelantó la jubilación de los jueces para quitar del escalafón a los mayores de 65 años. Por cierto que el Primer Ministro de Hungría ha tenido que renunciar a un proyecto similar ante la presión de la Comisión Europea que entendió que pretendía hacerse con un Poder Judicial a su medida.
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