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Paradoja histórica de la legislación laboral

miércoles 22 de febrero de 2012, 21:34h
La señora Valenciano, que ahora oficia como voz autorizada del PSOE, ha hecho demostración pública de ignorancia culpable y posiblemente interesada en materia de historia y legislación política, avalada tal vez por esos títulos académicos que su curriculum oficial dice que tiene pero que no obtuvo. Debe de ser un síndrome en ese partido suyo lo de adornarse fraudulentamente con laureles académicos, pero ése está lejos de ser su peor pecado colectivo ni tampoco a sólo a él imputable. Lo de la señora Valenciano es serio porque los estudios que parece no haber acabado son los de Ciencias Políticas seguidos en la correspondiente facultad de la Complutense allá por el decenio de 1970, y había que demostrar muy poca afición para no sacar aquello adelante cuando algo así como la mitad de las materias impartidas seguían devotamente el Marta Harnecker, un manual elemental de adoctrinamiento en el marxismo leninismo; si se quería nota se pasaba ya a Poulantzas, que no era mucho más profundo pero sí más obscuro.

Es muy probable de que aquellos tiempos estudiantiles poco aprovechados, y también de su socialización en esta izquierda nuestra tan adicta a la variante del pensamiento mágico que hace ver la realidad y sus complejos matices como uno haya decidido ideológicamente que tiene que ser, provengan las confusiones que con todo aplomo sostuvo al expresar el parecer de su partido sobre los cambios que el gobierno quiere introducir en la regulación de las relaciones laborales. Con cuidado tono dramático afirmó, entre otras cosas, que la reforma proyectada supone “un retroceso a una situación predemocrática”, y las medidas propuestas son algo que “no se atrevió a hacer la legislación franquista”. Pasemos por alto, porque no es cosa de ponernos quisquillosos, lo flagrante de la contradicción de sostener que vamos a volver a lo que no hubo, porque según ella quien podría haber hecho que lo hubiera no se atrevió a hacerlo. Es lo que la lógica clásica llamaba tercero excluido y observarlo resulta muy conveniente para respetar la coherencia. La cuestión de fondo es que todos quienes saben de ello están de acuerdo en que las rigideces del mercado de trabajo español proceden en su mayor parte de vicios remontables a la legislación social de la época de Franco, conservada en espíritu y en ocasiones formalmente y en su literalidad por normas posteriores. Si en sus largos años de ejecutoria de gobierno reciente el partido que habla por boca de la señora Valenciano ha hecho algo con esa legislación de tiempos franquistas ha sido aplicarla y perfeccionarla siguiendo sin remilgos su propia lógica intervencionista y ultrarreguladora.

La mezcla, por un lado, del convencimiento de que la legitimación del Estado exigía salvaguardar una determinada idea de la justicia social dotando a los trabajadores por cuenta ajena, o “productores” como quería el léxico oficial, de instrumentos que potenciasen su ventaja o desventaja competitiva en las diferencias laborales, y por otra una precavida política de prevención de tensiones sociales hicieron del régimen de Franco un orden político muy interesado en asuntos de empleo estableciendo, por ejemplo, una jurisdicción específica para los mismos (la Magistratura de Trabajo de 1938) o haciendo de los sindicatos instituciones de derecho público y con presencia para-oficial en la vida política. La deslegitimación del propio régimen alcanzó a aquellos instrumentos por su condición coactiva y excluyente pero ambas cosas, junto a otras, sobrevivieron a su superación por la constitución de 1978 y con las lógicas modificaciones pasaron al orden democrático posterior, de suerte que la impronta de sus principios e instituciones de regulación laboral ha sido honda durante la segunda mitad del siglo XX. En realidad, a lo largo de toda la centuria, las creaciones más duraderas y eficientes en materia de protección social y política laboral fueron obra de gobiernos que para entendernos sin necesidad de entrar en distingos cabe llamar de derechas, como la creación del Instituto Nacional de Previsión por Maura en 1908 o el Ministerio de Trabajo por Dato en 1920 (aunque se lo dejara casi en herencia el gobierno anterior de Allendesalazar) Si el armazón que se levanta sobre la continuidad de esas instituciones o de las que de ellas proceden directamente muestra hoy sus limitaciones de modo tan drástico no será tanto por la filosofía social que lo inspiró sino por estar pensado para un orden económico y unas formas de producción que ya tienen poco que ver con las vigentes y llamadas a seguir transformándose con celeridad. No sería de extrañar, juzgando por los precedentes, que un gobierno de derechas hiciera, de nuevo, los cambios necesarios para poner a la altura de los tiempos normas y prácticas de ordenación laboral, y ojalá sean duraderos porque será prueba de que habrán sido acertados como a todos conviene, incluso a quienes los condenen por no darles cabida en los manuales dedicados a explicar la realidad según la ideología.
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