El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez y otros tres detenidos en la operación Púnica, así como el ingreso en la cárcel eludible con fianzas de entre 25.000 y 300.000 euros para 9 imputados más.
Las otras tres personas que irán a prisión sin posibilidad de pagar fianza son Ana María Ramírez, secretaria de David Marjaliza, el socio de Francisco Granados, un empleado de la empresa Cofely, Pedro García Pérez, y el empresario Alejandro de Pedro Llorca.
Para otros nueve detenidos de los doce que han declarado esta tarde, el juez ha dictado prisión eludible bajo fianzas que van de 25.000 a 300.000 euros, entre ellos el jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero (25.000), el concejal de Hacienda de este municipio, José Javier Hernández (60.000) y el propietario de Weiter Music, José Luis Huerta (300.000).
También ha dictado fianzas para el arquitecto municipal de Valdemoro José Luis Navarro (100.000 euros), el empresario Eduardo de la Peña (50.000), el administrador de una empresa de Marjaliza, Antonio Serrano (100.000), y tres empleados de Cofely: Didier Maurice, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández, los tres de 100.000 euros.
De los quince que han declarado hoy, sólo ha dejado en libertad con cargos al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso.
Tiene pendiente aún interrogar a otras 14 personas, entre ellas los supuestos cabecillas del entramado, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y su socio y amigo de la infancia, el empresario David Marjaliza, que pasarán finalmente mañana a disposición del juez para responder sobre su implicación en la trama. Se esperaba que Granados y Marjaliza, dos de los principales imputados en la operación contra esta presunta red corrupta, declararan hoy ante el juez tras su detención el pasado lunes, pero finalmente lo harán mañana dado que el magistrado quiere interrogarlos en último lugar y aún quedan varios detenidos por pasar a disposición judicial. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir mañana prisión sin fianza para ambos.
Sin embargo, el exconsejero madrileño ha presentado una denuncia por considerar que su detención en la operación Púnica se ha prolongado indebidamente y ha exigido su inmediata puesta en libertad, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Velasco dictó la noche de este miércoles el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" David Marjaliza. Los ediles de Parla y Torrejón de Velasco han abonado ya las cantidades impuestas, al igual que Cándido Ruiz, por lo que abandonarán la prisión en las próximas horas.
El magistrado dejó, además, en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tendrán diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión.
Decretó libertad sin medidas cautelares para otras seis personas: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); el consejero de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela; el técnico de Serranillos del Valle Marco Durán y el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla Palombi.
"Redes clientelares"
En un auto hecho público anoche, el magistrado señalaba que las "redes clientelares de tráfico de influencias" desarticuladas en la 'operación Púnica', constituidas en torno al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Velasco indicaba que Granados formaba parte de "una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada".