Trece de los dieciocho magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -incluyendo los eméritos- exigen al presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que actúe ante el presidente del Gobierno por lo que consideran injerencias del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz al calificar de "lamentables" y posible prevaricación las recientes excarcelaciones de miembros de ETA.
Así lo han manifestado en una carta sin precedentes dirigida al presidente de la Sala, Manuel Marchena , en la que piden que éste se dirija a su vez a Lesmes para que haga saber al Gobierno que las manifestaciones de Fernández Díaz muestran "desconfianza en las instituciones" y no guardan debido respeto al Tribunal Supremo. Le piden expresamente que requiera a Mariano Rajoy que "ponga coto" a manifestaciones como éstas.
Han firmado este escrito todos los jueces de lo Penal del Supremo excepto el presidente de la Sala, Manuel Marchena y los magistrados Antonio del Moral, Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados. Tanto entre la lista de firmantes como entre los que se han abstenido aparecen nombres de magistrados de todas las sensibilidades políticas
El conflicto de fondo es la decisión de la Sección Primera de la Sala Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de excarcelar a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', y Alberto Plazaola en aplicación de la decisión marco de la UE, dictada en 2008, que permite acumular penas dictadas a presos españoles en otros países.
La ley que traspone dicha normativa, y que restringe sus efectos a las sentencias dictadas con posteriorar a agosto de 2010 entró en vigor un día después de las puestas en libertad, el pasado día 3.
La nota transcribe las manifestaciones realizadas por Fernández Díaz al periódico La Razón en las que éste califica de "lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente" la decisión de la Audiencia Nacional y sugiere que los magistrados que la adoptaron -Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez- podrían haber incurrido en prevaricación.
Desazón y falta de respeto
Los magistrados del Supremo firmantes, "sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno" quieren que Lesmes conozca su "desazón" y que, si considera que las manifestaciones del ministro "no son adecuadas ni guardan el debido respeto a este tribunal" lo haga saber al presidente del Gobierno "recabando de éste la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos".
El paso delante de los magistrados del Supremo se produce unas horas después de que este miércoles la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitiera un comunicado expresando su apoyo, aunque sin citarlos a los magistrados de la Audiencia Nacional y recordara con carácter general a los miembros del Gobierno que les han criticado que es su deber favorecer la confianza en su labor jurisdiccional.
El órgano de gobierno de los jueces actuaba a petición de cuatro vocales del sector progresista del Consejo --Roser Bach, María Victoria Cinto, Rafael Mozo y Concepción Sáez-- que solicitaron que la institución diera respuesta a las críticas vertidas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y realizara algún gesto de amparo a los magistrados.
Las críticas de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría también provocaron un debate durante la celebración del último Pleno de la Sala de lo Penal de este tribunal, según fuentes jurídicas.
Fue el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada quien solicitó que se abordara la posición a adoptar ante las declaraciones de la vicepresidenta, que aseguró que ni los ciudadanos ni el Gobierno "entienden" la decisión de poner en libertad a los dos reclusos de ETA tras reducir de sus condenas las cumplidas en Francia.
Fernández Díaz lo niega
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado este jueves que desde este departamento o desde el Gobierno se haya presionado a jueces del Tribunal Supremo sobre el modo en que se han de computar las penas de los terroristas y ha subrayado que "respeta y respetará siempre" la separación de poderes como pilar fundamental de un Estado democrático como es España.
Durante la jura de 24 nuevos comisarios principales que, pertenecientes a la XXIV Promoción, se incorporarán a sus nuevos destinos en los próximos días celebrada en el madrileño barrio de Carabanchel, Fernández Díaz ha incidido en que él ha respetado y respetará siempre la ley, del mismo que "respeta y respetará siempre" la separación de poderes amparada por la Constitución.
En este sentido, ha recordado que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 13 de noviembre una ley orgánica que incorpora la norma comunitaria al derecho español según la cual se impide en España la acumulación del tiempo de prisión cumplido por condenas impuestas en otros países de la UE antes del 15 de agosto de 2010.
Igualmente, ha enfatizado que la Constitución recoge la separación de poderes como garante de un Estado democrático. Una separación de poderes, ha apostillado, "que es el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado democrático, social y de derecho, de un Estado como es nuestro Estado". Preguntado por los periodistas que insistían en su valoración de la petición de los magistrados a Carles Lesmes para que traslade al presidente del Gobierno esta queja, el ministro ha abundado en la misma idea. "Ya he sido suficientemente claro con lo que he dicho", ha reiterado.
En cuanto a la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, el ministro de Interior ha hecho suyas las palabras de Mariano Rajoy, que ha negado discrepancias con el Gobierno y ha enfatizado que esta dimisión responde exclusivamente a "razones personales".
"No voy a contradecir yo al interesado, que ha dicho que es por razones personales", ha subrayado Fernández Díaz. "Evidentemente tengo que creerme y me creo al fiscal general del Estado", ha apostillado.