El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha aplazado el pleno de investidura de Jordi Sánchez a la presidencia de la Generalidad previsto para mañana viernes, y ha denunciado una "vulneración de derechos" por parte del Tribunal Supremo, que ha negado la excarcelación del candidato. En su lugar, ha convocado una Mesa extraordinaria para dar "una respuesta" a la decisión del juez Pablo Llarena, que podría incluir una querella por prevaricación.
Desde Ciudadanos han considerado "increíble" que la cámara pueda querellarse contra el juez. El portavoz de la formación naranja en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertido de que el uso de dinero para este fin es un "gasto ilegal" que su partido "no consentirá" recurriendo si es necesario a los tribunales. "Lo denunciaremos donde haga falta", ha recalcado.
El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha tildado de "una ocurrencia más" la noticia, respecto a lo que el dirigente popular se ha mostrado sarcástico en Twitter: "Que siga el espectáculo".
De una manera totalmente contraria se muestra el expresident Carles Puigdemont en la misma red social, que ha acusado al juez del Supremo de "no respetar" las Naciones Unidas y de causar "un daño inmenso a la democracia".
"No respetan el resultado de les elecciones, no respetan la mayoría parlamentaria, no respetan las Naciones Unidas", ha señalado Puigdemont desde Alemania. Asimismo, ha subrayado que "el daño a la democracia es inmenso" y ha advertido de que no permitirán que "sigan pisando derechos ni doblegando la democracia".
Desde la prisión de Soto del Real (Madrid), Jordi Sánchez, también a través de Twitter, se ha preguntado de forma irónica si los catalanes "delinquieron" el 21D al ir a votar.
En el mismo sentido se ha expresado en rueda de prensa miembros de su partido, JxCat. Su portavoz, Elsa Artadi ha calificado de "golpe de Estado togado" la decisión del juez Llarena. También el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha coincidido en esta acusación, al constatar que el único precedente "parecido" es el golpe del Estado del 23F de 1981.
Ambos han calificado de "barbaridad" la decisión de Llarena y han defendido que se "han cambiado al ejército por los jueces" con un auto en el que, a su juicio, "reconoce que está limitando derechos políticos de Sánchez y está diciendo que cree que no puede ser presidente y le limita ese derecho".
Según Artadi, Llarena no permite a Sánchez "ser presidente porque es diputado de JxCat y está diciendo por lo tanto que ningún otro diputado de JxCat podrá ser candidato. Intuimos que también dice que cualquier candidato que propongamos irá a la cárcel". Por ello su grupo ha pedido una reunión de carácter "urgente" de la Mesa del Parlament para analizar el "alcance político de un auto gravísimo y sin precedentes" y que "secuestra los votos del 21D", la cual tendrá lugar mañana y puede terminar en una posible querella por prevaricación contra Llarena.
El portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha denunciado lo que considera una "injerencia" del Supremo "en la soberanía del Parlament", si bien en un tono más moderado ha reclamado "una investidura efectiva". De manera que los republicanos no comparten la posición de la CUP, que ha insistido una vez más en que hay que investir Puigdemont, lo que JxCat no descarta.