La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reaccionado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a las últimas turbulencias entre los socios que conforman el Govern de la Generalidad, motivadas por la voluntad de Puigdemont de desobedecer al Tribunal Supremo. "Si el Parlamento de Cataluña actúa contra la Constitución el Gobierno actuará en consecuencia", ha dicho, sin aludir al artículo 155 que está de fondo en esta cuestión.
Antes de referirse a las cuestiones propias del Consejo de Ministros, Celaá ha querido referirse a la situación en Cataluña, con unas palabras más duras de lo habitual. Ha criticado "el bloqueo de la acción cotidiana y del Govern" a causa del último desencuentro de ERC y JxCat por la delegación de los votos en el Parlament: "Significa paralizar acciones que afectan a todos los ciudadanos de Cataluña", ha sentenciado.
A pesar de que ha hecho de nuevo referencias al entedimiento, el diálogo y la convivencia, verdaderos marchamos en la posición del Gobierno con respecto a Cataluña, la amenaza con la aplicación del artículo 155 no ha podido ser más explicita por parte de Celaá, ante la posibilidad de que una deriva anticonstitucional quiebre los delicados cimientos que sostienen al Gobierno de Sánchez.
La negativa delegación del voto de Carles Puigdemont podría motivar una deriva anticonstitucional de los partidos secesionistas en el Parlament, lo que forzaría al Gobierno Sánchez a reaccionar en consecuencia.
Inmediatamente después de conocer la amenaza del Gobierno, el Tribunal Constitucional admitía por unanimidad los recursos de amparo de los secesionistas huidos o presos, en una maniobra que podría allanar el camino para la sentencia de los diputados electos procesados por rebelión a causa del 1-O.
Tras el encontronazo de este jueves, ERC y JxCat escenificaban este viernes la reconciliación y garantizaban la estabilidad del Gobierno catalán al menos hasta que hubiera sentencia del Tribunal Supremo. En el horizonte está el posible indulto que el Gobierno concedería a los presos del 'procés' a cambio del apoyo de los secesionistas a los Presupuestos de 2019.
La posibilidad de que todas las componendas entre el Gobierno socialista y sus socios catalanes puedan venirse abajo con una delegación del voto anticonstitucional al estilo de la que propone Puigdemont, es lo que ha motivado la rápida y explícita respuesta del Gobierno y la alusión al artículo 155.