El Gobierno ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la propuesta de resolución aprobada en el Parlamento catalán que declara necesaria "la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil".
El Parlament ha aprobado además la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" para defender "derechos civiles, políticos y sociales" y ha revivido escenas de tensión tras la prisión decretada para siete miembros de los CDR.
En un comunicado, Moncloa advierte de que estudia ya todos los acuerdos aprobados por la cámara catalana para impugnarlos
El Parlament ha aprobado una resolución de la CUP -que ha recabado el apoyo de JxCat y ERC, el voto en contra de PSC, comunes y PPC, mientras que los diputados de Ciudadanos no han votado- que reivindica el 1-O como un "referéndum legítimo y legal".
La iniciativa, además, subraya la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados".
El texto invoca resoluciones soberanistas previas que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional, lo que ha motivado las advertencias de los letrados
Con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, el Parlament ha aprobado también una resolución en la que se pide la "retirada" de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Cataluña, así como la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.
Y en otra resolución impulsada por los independentistas, se plantea una respuesta institucional a la sentencia del procés que pase por el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" y por reclamar una "amnistía" si hay condenas.
En su comunicado, el Gobierno cita todas estas resoluciones para advertir de que ya se están estudiando para actuar contra ellas. Pese a que este viernes hay Consejo de Ministros no se espera que en esa reunión el Ejecutivo acuerde la impugnación pues, recuerda Moncloa, las resoluciones del Parlament todavía no están publicadas oficialmente.