Miércoles 24 de septiembre de 2008
El nombre de Carlos Dívar como candidato de consenso a presidir el Consejo General del Poder Judicial –y por ende, el Tribunal Supremo- ha sido toda una sorpresa. Sorpresa por parte del PSOE, cuyos nombres en materia de Justicia se han distinguido siempre por un acendrado sectarismo. Sirvan como muestra Margarita Robles, Mariano Fernández Bermejo, Eligio Hernández o Cándido Conde Pumpido, con trayectorias de sobra conocidas. Sorpresa por parte del PP, que pese a contar entre sus filas con renombrados juristas –más que en las del PSOE, por cierto-, nunca ha sido muy ducho a la hora de proponer profesionales de prestigio, y menos aún en negociar composiciones paritarias. Tan es así, que ya hay quien dice que la propuesta de Dívar no es sino un intento de los socialistas de maquillar el elenco del que sin duda es el CGPJ más político de la democracia.
Pero sobre todo, es una sorpresa porque, por una vez, PP y PSOE han dejado a un lado el mercadeo persa en el que se ha convertido el nombramiento de altos cargos en Justicia, optando por un candidato ideal. Al menos de momento, parece que han seguido las enseñanzas del filósofo ilustrado velando por la separación e independencia del poder judicial, en lugar de repartírselo con el PP. Confiemos en que el caso que nos ocupa se ajuste a esta línea, en lugar del lamentable cambio de cromos a que nos tienen mal acostumbrados ambos partidos. El hecho es que Carlos Dívar no pertenece a ninguna asociación judicial, lo cual le libra de incómodas etiquetas. Además, su dilatada trayectoria se ha forjado en la Audiencia Nacional, que preside actualmente y en la que lleva más de 25 años, prácticamente desde su fundación. Y sabido el “vedettismo” con el que se conducen muchos de los integrantes de esta institución, sorprende positivamente ver cómo su Presidente es un ejemplo de discreción y buen hacer. Cualidades todas ellas que le retratan como un candidato sumamente idóneo. Tiempo habrá para criticarle o ponderarle. Pero de momento, lo que procede es resaltar la buena noticia de que, si se da con las personas adecuadas, el consenso –y la independencia, en vez del reparto- es posible. Y necesario. Un buen funcionamiento de la Justicia es la piedra angular del Estado de Derecho, principal garante de la seguridad jurídica de sus ciudadanos. Y el Estado de Derecho, a su vez, se sustenta en la separación de poderes. Separación que, para que sea efectiva, ha de tener una Justicia independiente…y es un hecho que el Poder Judicial necesita ser independiente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para funcionar con garantías. Dichas garantías se ven fortalecidas con nombramientos como el de Carlos Dívar. La parada siguiente, el Constitucional. Esperemos que cunda el ejemplo.
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