Retos judiciales

La apertura del año judicial es un acto solemne por el que se da inicio figurado al nuevo curso judicial. Figurado, porque se supone que la Justicia no descansa, por más que determinadas resoluciones judiciales aconsejen que quienes las dictan se sometan a un descanso forzoso, pero eso ayer no tocaba, aunque bien podría. No fue el caso. La toma de posesión de Carlos Dívar como nuevo Presidente del Tribunal Supremo, así como la lectura de la Memoria de la Fiscalía General del Estado acapararon suficiente protagonismo como para eclipsar un tema que no gusta mentar el la carrera judicial, cual es el del corporativismo y la lenidad con que se ventilan determinadas actuaciones. Dicho lo cual, los datos que ofrece cada año la Memoria de la Fiscalía no suelen ser halagüeños. Más que nada, porque indefectiblemente reflejan un aumento en los delitos. Bien es verdad que dicha Memoria recoge por primera vez la comisión de delitos informáticos y machistas, así como los relativos al nuevo carnet por puntos, pero resulta desalentador ver cómo cada vez se delinque más.

En base a semejante razonamiento, surge la eterna demanda ante un mal endémico de la Justicia: la falta de medios, tanto técnicos como humanos. Es aquí donde los poderes ejecutivo y legislativo deben sostener al judicial, que es quien a su vez sustenta la seguridad jurídica, pilar fundamental de todo Estado de Derecho. Precisamente la separación de poderes se torna algo difusa ahora más que nunca, en que empieza su andadura el Consejo General del Poder Judicial más politizado de toda la democracia. Política y Justicia no debieran mezclarse, pues son cosas distintas, aunque haya puntos de convergencia entre ambas. Convergencia que pasa, por ejemplo, con la creación de puestos de trabajo que saquen de su permanente atasco a juzgados de toda España. Claro que antes habría que solventar otra serie de cuestiones tales como el influjo de la política lingüística en el empleo público: cuesta cubrir determinadas vacantes, sobre todo en Cataluña, por la obligación de aprender catalán, y no bastar la lengua oficial del Estado, como así consagra la Constitución en su artículo 3. Iustitia est.