Si todo transcurre según lo esperado, y no hay sorpresas, dentro de exactamente un año los españoles estarán llamados a las urnas para elegir a un nuevo presidente del Gobierno. La intención de Pedro Sánchez siempre ha sido la de agotar hasta el último segundo de legislatura y, tras sacar adelante el mes pasado los nuevos presupuestos con el apoyo parlamentario de sus habituales aliados separatistas y proetarras, el camino ha quedado aún más expedito.
Pero, como ha venido demostrando cada vez de forma más obscena y palmaria, el puñado de votos que le sigue sustentando en el poder está saliéndole más y más caro, ya no al Gobierno sino a la propia democracia española, crecientemente amenazada por un Ejecutivo enfermo de cortoplacismo, contrario al interés general y carente del más mínimo sentido de Estado, que maniata las instituciones para ponerlas al servicio de quienes aspiran a destruirlas.
En apenas un mes, el Gobierno ha finiquitado el delito de sedición y aspira a dejar en el chasis el de malversación, los dos tipos penales por los que el Tribunal Supremo condenó a los líderes del 1-O. A grandes rasgos y sin entrar en galimatías jurídicos, estas dos reformas legales suponen, junto a la concesión de los indultos, la amnistía encubierta de quienes declararon ilegalmente la independencia de Cataluña y su práctica habilitación para ser cargos públicos. En otras palabras, que Carles Puigdemont regrese a España y que Oriol Junqueras se presente a las próximos comicios.
Sabedor de la dudosa legalidad de su maniobra político-legislativa, criticada duramente por amplios sectores de la judicatura y la oposición, Sánchez lleva muchos meses presionando para logar una mayoría afín en el Tribunal Constitucional, órgano que en última instancia deberá decidir sobre los futuros recursos, como los que ayer mismo anunció contra las reformas de la sedición y la malversación el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Para ello, no ha dudado en retorcer la ley a su antojo, otorgándose a sí mismo la facultad de elegir a dos vocales del TC sin esperar al Consejo General del Poder Judicial. La negativa de este órgano, todavía de mayoría conservadora, a cumplir con sus designios, ha provocado un choque entre dos poderes del Estado inédito en la democracia española. El último capítulo ha tenido lugar este mismo viernes. Aprovechando la proposición de ley que modifica, como traje a medida de ERC, el Código Penal, PSOE y Podemos han introducido, por vía de enmienda, dos reformas clave en la Ley del Poder Judicial y en la del Constitucional.
En esencia, estos cambios eliminan los controles básicos del Estado de derecho y dejan vía libre a Moncloa para asegurarse sus dos candidatos al TC (el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex alto cargo del gabinete de Presidencia) más uno de los dos que debe elegir el CGPJ, pues reducen el quórum de tres quintos a mayoría simple. Además se establecen responsabilidades penales para los magistrados del CGPJ que "incumplan la ley" y se elimina la facultad del propio TC de valorar la idoneidad de sus miembros, dejándolo en manos del poder político. Todo ello ha generado un inmenso malestar en la mayoría conservadora del CGPJ, que ya ha solicitado un pleno de urgencia la próxima semana.
Sánchez es muy consciente de la impopularidad que genera entre su propio electorado este tipo de medidas, como le recuerdan asidua pero obtusamente algunos de sus barones. Por ello, ha decidido emprender una carrera contrarreloj para terminar el año siendo objeto de críticas furibundas, dentro y fuera de su partido, pero con las principales reivindicaciones de sus socios separatistas cumplidas.
En un año con dos citas con las urnas (las municipales y autonómicas del 28 de mayo y las generales de, presumiblemente, el 10 de diciembre), el líder socialista pretende aplicar una receta que ha exprimido hasta la saciedad a lo largo de su mandato: el palo y la zanahoria. Contentar ahora al separatismo, aunque ello enfade a sus propios votantes, para emprender después, y desde el púlpito monclovita, una campaña de 12 meses que anestesie a los ciudadanos. Un año para olvidar, subvenciones, rebajas fiscales o 'medidas sociales' mediante, por lo que realmente debería "pasar a la historia" Pedro Sánchez.