Los conservadores del CGPJ solicitan un pleno de urgencia para salvar el asalto de Sánchez al TC

Los vocales conservadores del CGPJ están "alucinados" y "preocupados" con la reforma que proponen el PSOE y Unidas Podemos para renovar el Poder Judicial, que ven como una "amenaza" al tratarles "casi como delincuentes" con tal de "copar las instituciones que no controlan".

Es la postura que han trasladado a EFE vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial ante la iniciativa parlamentaria de los partidos que sustentan el Gobierno de coalición, que han aprovechado la reforma del Código Penal para introducir enmiendas que permitan sortear el bloqueo que estos vocales están haciendo para impedir la renovación del Tribunal Constitucional.

Por ello, han reclamado al presidente interino Rafael Mozo la celebración de un pleno extraordinario la próxima semana para nombrar a los magistrados del TC antes de que entre en vigor la nueva reforma legal, que plantea incluso repercusiones penales para los magistrados en caso de incumplir con la misma.

Consideran que el Ejecutivo "juega con fuego" porque "está a punto de cargarse la separación de poderes y el Estado de derecho" con el objetivo de "copar todas las instituciones que no controlan", en clara alusión a la futura composición del tribunal de garantías.

La reforma pretende sustituir el modelo actual, que implica un acuerdo de tres quintos de los vocales del CGPJ si no se alcanzara dicho consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes del TC, por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. No sería necesario un quorum mínimo, habría una única votación y en caso de empate la última palabra la tendría el presidente, ahora el presidente suplente, Rafael Mozo, del sector progresista.

A los vocales ya no les sorprende la técnica parlamentaria empleada vía enmiendas a una proposición de ley, sin informes preceptivos de los órganos consultivos, porque ven claras las prisas del Gobierno en lo que anticipan como una jugada a dos bandas. Con esta reforma, explican las fuentes, el Ejecutivo lo que pretende es que se nombre como sea al candidato del sector progresista, el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés para el Constitucional, un perfil al que se oponen los conservadores.

Y con ello y la entrada de los ex altos cargos del PSOE Juan Carlos Campo y Laura Díez se aseguran que el magistrado Cándido Conde Pumpido presida el Tribunal Constitucional. "Les va todo en ello", dice un vocal, consciente de que Moncloa ansía ya el cambio de mayorías en el tribunal de garantías, para afrontar con solvencia la revisión de la agenda social de Pedro Sánchez en el TC.

Aunque si con algo están "alucinando" es con la posibilidad que recoge la reforma de incurrir en responsabilidades penales en caso de incumplir con la ley, lo que tildan de "amenaza". "En la práctica, nos están llamando delincuentes" dice un vocal mientras otro manifiesta su "preocupación" porque este punto en particular "no hay donde poder cogerlo" y duda de que tenga encaje en la Constitución. "¿Qué vas a hacer ahora? ¿Declararte en rebeldía?", se pregunta otro vocal que recuerda que "Sánchez tiene el BOE en la mano", por tanto, llegado el caso, cumplirán la ley, algo que niegan que no se haya producido hasta la fecha.

Porque en el sector conservador escuecen las críticas que afirman que su actitud no es sino un conjura contra el Ejecutivo, una labor de oposición desde el poder judicial a instancias del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para bloquear sine die los nombramientos y no entregar el TC a Sánchez. "Es indigno", responden ellos.

Su postura es precisamente la opuesta y por eso insisten en que "no hay retraso ni bloqueo ni nada", pese a que tres meses después de vencer el plazo legal para nombrar, aún no tienen candidato y, además, han pedido un cambio de las reglas del juego fijadas en origen, un planteamiento que no tragan los progresistas.

Y la pregunta ahora es qué ocurrirá el próximo dÍa 22, cuando el Pleno se comprometió a votar, no a nombrar, a los candidatos para el Constitucional. "No sabemos aún lo que va a ocurrir", señalan las fuentes, que precisan que tienen que reunirse para fijar una postura, aunque sí adelantan un escenario: "Todo esto lo pone patas arriba".