Con el CGPJ bloqueado, el Gobierno trata de asegurarse un Tribunal Constitucional de mayoría progresista y consumar su control de la Justicia.
El grupo socialista y Unidas Podemos han aprovechado la reforma del Código Penal para introducir enmiendas que permitan tomar el control del Tribunal Constitucional, bloqueado por el atasco en el Consejo General del Poder Judicial.
Se trata de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluso introduce la posibilidad de castigar con responsabilidades penales a aquellos vocales que la incumplan.
El texto anunciado por el portavoz parlamentario socialista Patxi López establece un mandato imperativo y un calendario para la renovación de los dos magistrados del TC que competen al Consejo General del Poder Judicial.
El propósito es sustituir el modelo actual, que implica un acuerdo de tres quintos de los vocales del CGPJ, por un sistema de votación individual en el que resulten elegidos los candidatos con más apoyos.
También se introducen plazos concretos para evitar el bloqueo: el presidente del CGPJ deberá convocar el proceso en cinco días desde la entrada en vigor de la ley, cada vocal propondrá como máximo un candidato, se convocará un pleno en tres días para la votación y serán elegidos los dos más votados. En caso de empate, tendrá voto de calidad el presidente.
Se suprime además la potestad del CGPJ de verificar previamente la idoneidad de los magistrados que nombra el Gobierno, porque "no tiene ningún sentido", ha dicho López, permitirles bloquear los nombramientos que competen al Ejecutivo, según su argumentación.
La pasada semana, el Gobierno designó al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la exdirectora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia, Laura Díez, para cubrir dos puestos de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
El acuerdo se adoptó en la reunión del Consejo de Ministros de este martes sin esperar a conocer los nombres de los otros dos vocales que elige el CGPJ. Ahora, el TC tendrá que verificar que se cumplen los requisitos para que Campo y Díez se incorporen al tribunal. "No tenemos duda de que lo hará", opina el Gobierno, que defiende que ambos cumplen el perfil sin ahondar en la carga política de su nombramiento, que defiende como "absolutamente idóneos".
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