Desde el pasado lunes 12 de diciembre, la operación de guerra híbrida que el régimen de Aliyev ha lanzado contra los armenios de Nagorno-Karabaj ha entrado en una nueva fase.
Si hace pocos días ensayaron el corte de la carretera que une Stepanakert con Armenia, esta última semana han redoblado la ofensiva. De nuevo han interrumpido el tráfico en la carretera que va de Goris a Stepanakert, que pasa a través del llamado Corredor de Lachin y conecta Nagorno-Karabaj con Armenia. Esto es una flagrante violación por parte de Azerbaiyán de los términos del alto el fuego de noviembre de 2020, que detuvo las hostilidades de Azerbaiyán contra Nagorno-Karabaj.
La capital lleva seis días aislada y 120.000 armenios -entre ellos, 30.000 niños y 9.000 discapacitados- sufren el asedio de Azerbaiyán. De nuevo, el pretexto para impedir el tráfico rodado ha sido una protesta medioambiental. Dado que los activistas ambientales eran efectivos de unidades militares azerbaiyanas vestidos de civil y agentes de organizaciones financiadas en exclusiva por el gobierno de Azerbaiyán, no es necesario ni entrar en lo disparatado de las reivindicaciones. Aquí quienes están sufriendo no sólo una destrucción ambiental, sino también cultural y económica son los armenios de Nagorno-Karabaj. Basta ver lo que hicieron los bombardeos azerbaiyanos en 2020.
En los seis días que dura ya el bloqueo, sólo unos pocos convoyes rusos han podido llevar ayuda humanitaria a Stepanakert. El peligro del abastecimiento por aire es que los azerbaiyanos derriben las aeronaves que se dirijan a la ciudad asediada. Ni siquiera los soviéticos se atrevieron a tanto durante el Bloqueo de Berlín entre 1948-1949. Ahora son los rusos los que tienen la responsabilidad de custodiar la carretera que los activistas azerbaiyanos han cortado. Entre el lunes y el jueves, por cierto, Bakú cortó también el suministro de gas a los armenios. Es una táctica que ya ensayaron en marzo de este año. Con temperaturas nocturnas por debajo de cero grados, no es necesario explicar la gravedad de esta medida. A la falta de alimentos (en Stepanakert apenas quedan ya patatas), medicinas (por ejemplo, insulina) y otros suministros básicos, se sumaba la interrupción del suministro eléctrico.
A todas esas medidas desestabilizadoras, se añade naturalmente la amenaza de las tropas azerbaiyanas. Disparos aislados mantienen esa violencia que algunos llaman “de baja intensidad”, que seguramente no sea tal para quienes la sufren. Heridos, daños materiales, algún muerto y la imposibilidad de desarrollo económico son algunas de las consecuencias de los momentos en que Bakú decide hostigar a tiros a los armenios.
La Federación de Rusia está en una situación difícil. El 22 de febrero de este año, dos días antes del comienzo de la guerra en Ucrania, Ilham Aliyev y Vladímir Putin firmaron una declaración relativa a la cooperación militar entre Azerbaiyán y la Federación de Rusia. En el documento, las partes se comprometían a “profundizar la interacción entre las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y la República de Azerbaiyán” y a “mantener operaciones conjuntas y actividades de entrenamiento de combate, así como a desarrollar otras áreas de cooperación militar bilateral”. Ahora, las tropas rusas desplegadas desde 2020 se encuentran con que tienen que detener y reconducir no sólo a un vecino, sino también a un socio militar. Bakú está aprovechando que Rusia no puede concentrarse en el Cáucaso, para acabar la operación contra los armenios de Nagorno-Karabaj que comenzó en 2020.
Tampoco la Unión Europea está actuando con energía para detener esta deriva. Salvo palabras, no ha habido reacción alguna contra Azerbaiyán. Preocupada por infligir el máximo daño posible a la economía rusa, Bruselas se ha vuelto hacia Bakú como suministradora de gas. El pasado mes de julio Ursula von der Leyen firmó junto a Ilha Aliyev un Memorando de Entendimiento relativo a una “asociación estratégica en el campo de la energía”. Según la Unión, se trata de reducir la dependencia del gas ruso. En realidad, la consecuencia es algo más vidriosa. En primer lugar, se crea una dependencia de Azerbaiyán, es decir, del régimen de Aliyev. Además, Bakú compra gas ruso: la compañía rusa Gazprom suministra a Socar, la empresa pública gasística azerbaiyana. Al mismo tiempo, misteriosamente, Azerbaiyán se compromete a aumentar la exportación de gas a la UE sin aumentar la producción. Es inevitable sospechar que parte de ese gas importado de Rusia puede terminar vendido a la Unión Europea.
Con la honrosa excepción de Francia, que ha empleado su diplomacia en las Naciones Unidas para llevar la agresión contra los armenios al Consejo de Seguridad, entre los gobiernos europeos y en la propia Unión reina un silencio muy siniestro. A pesar de los llamamientos internacionales para que se impongan sanciones a Azerbaiyán, Bruselas prefiere no mover un dedo. El Consejo de la Unión Europea dice que las “medidas restrictivas”, que es el nombre técnico de las sanciones, “son un instrumento esencial de la política exterior y de seguridad común (PESC) de la UE. La UE las utiliza dentro de un planteamiento político integrado y global que comprende el diálogo político, acciones complementarias y el recurso a otros instrumentos disponibles”. Al régimen de Aliyev, el principal instrumento que se le está aplicando es el tratamiento de socio estratégico en el campo de la energía.
Mientras tanto, el bloqueo a Stepanakert sigue. Si la comunidad internacional no reacciona, en Nagorno-Karabaj habrá una crisis humanitaria de enormes proporciones. Faltan comida y medicinas. Ya se han tenido que suspender operaciones hospitalarias por las condiciones del bloqueo y la derivación de pacientes a Armenia es imposible. El invierno sólo está comenzando.