Ruido de togas

Para que la Justicia funcione como debe, es precisa la concurrencia de varios factores. El primero de ellos, un personal altamente cualificado: jueces, fiscales, secretarios judiciales, agentes y personal administrativo han de estar debidamente formados. Por supuesto, el número de funcionarios necesario para la correcta marcha de nuestro sistema judicial deberá ir en consonancia con el volumen de asuntos a ventilar, para que no se produzcan dilaciones que puedan derivar en consecuencias lamentables. Además, es básico que haya una serie de medios materiales ad hoc: herramientas informáticas modernas y eficaces, lugares de trabajo acondicionados convenientemente –dependencias específicas para la custodia de pruebas, así como un inventario preciso de las mismas, por poner un ejemplo-. Por último, dos flecos más: un órgano de gobierno –CGPJ- independiente y despolitizado, que sólo atienda a consideraciones jurídicas y la garantía que los poderes Ejecutivo y Legislativo no se inmiscuyan para nada en su funcionamiento, poniendo todo su empeño en aportarle las dosis de serenidad y discreción imprescindibles.

No hace falta ser licenciado en derecho para saber que prácticamente nada de lo anteriormente descrito encaja en nuestra administración de Justicia. La lista de deficiencias es larga y además viene de lejos, sin que ningún gobierno haya sido capaz de aportar mejoras sustanciales. Recientemente, el terrible caso del asesinato de la niña Mari Luz Cortés ha puesto de manifiesto qué puede llegar a pasar si alguien no pone remedio a todo este desaguisado. Y lo peor es que, según quienes trabajan a diario entre montañas de sumarios atrasados, este caso bien podría no ser un hecho aislado, existiendo el riesgo de que haya más. Por de pronto, el anterior CGPJ salió del paso con una leve sanción al juez responsable del caso y una mucho más dura –dos años de suspensión de empleo y sueldo- para la secretaria judicial adscrita a ese juzgado. Existe a todas luces una desproporción manifiesta entre ambas sanciones, toda vez que ambos son responsables en gran medida de cuanto sucedió. Pero a sus compañeros no les ha gustado y, por eso, el colectivo de secretarios judiciales convocó un paro de tres horas ayer que fue masivamente seguido. Dicho paro, además, fue secundado por muchos jueces, en solidaridad con el “linchamiento” al que –alegan- se ven sometidos. Y, por si esto fuera poco, 46 magistrados del Tribunal Supremo han firmado una carta en la que piden al CGPJ que les ampare ante las “intolerables ingerencias políticas” que padecen.

¿Tienen razón jueces y secretarios judiciales? En quejarse del estado de la administración de Justicia, sí; en su intolerable corporativismo ante la sanción impuesta a quienes no han cumplido correctamente con su cometido, rotundamente no. ¿Ha estado a la altura el titular de Justicia? Sirva como respuesta una de sus últimas declaraciones: “la sanción es la que es, por cierto, impuesta por los vocales conservadores elegidos por el PP”. Urge la efectiva separación de poderes, así como un ejercicio de mesura en todos ellos. Ya. No merecemos menos.