En un dictamen unánime de cinco jueces, el presidente del Supremo, Robert Reed, consideró que, a la luz de las evidencias, hay un riesgo de que los demandantes de asilo enviados a Ruanda puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen.
El Reino Unido y Ruanda acordaron en abril de 2022 un plan a cinco años para la transferencia a Kigali de la mayoría de inmigrantes que lleguen por vías ilegales a territorio británico, cuyas solicitudes de asilo se procesarían allí sin posibilidad de regresar a este país. A cambio, el Reino Unido ha facilitado 120 millones de libras (unos 138 millones de euros) en fondos para el desarrollo de Ruanda.
El primer vuelo con inmigrantes con destino al país africano fue detenido el 14 de junio de 2022 por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue muy criticada por el Ejecutivo conservador.