Este órgano del alto tribunal ha aprobado este lunes por unanimidad un comunicado en el que enfatiza "la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones" y ve "incompatible con ella la fiscalización o suspensión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".
"El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes", recuerda. Y afirma que "el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular de la igualdad en la aplicación de la ley".
El comunicado se ha emitido en el mismo día en que el PSOE ha registrado la polémica ley de amnistía en el Congreso de la que se beneficiarán más de 400 sobreanistas catalanes. Su preámbulo justifica que la aplicación de la legalidad es "necesaria", pero "en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo", por lo que aboga porque el Derecho se adapte al contexto político.
Por tanto, añade, "esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un estado de derecho no son, ni deben, ser inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario", expone el preámbulo de la norma.
La ley implica anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
La amnistía se aplica no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas (consellers y diputados), sino también a directores de colegios del 1-0, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Eso sí, incluye una referencia directa al expresident Carles Puigdemont al señalar que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión" así como "las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", que afectan también a otros tres dirigentes fugados.
Estos son los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Todos ellos contaban con una orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Además, da un plazo máximo de dos meses a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al procés para aplicar la amnistía.
En el título III, establece que su aplicación será "preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses y que los posibles recursos contra las decisiones que se adopten "no tendrán efectos suspensivos".