La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de tener “formas y motivaciones” políticas en sus autos y sentencias.
“Acierta mucho con las fechas”, ha manifestado Ribera, que en una entrevista en La 1 ha insinuado que basta con consultar la hemeroteca para ver que el juez trata de influir en la política con su actividad judicial.
“Nos tiene acostumbrados a que se incline siempre en un determinado sentido”, ha dicho Ribera, con “motivación política” en sentencias que tienden a “salir en momentos políticos sensibles”.
En el Partido Popular, el señalamiento de Ribera ha motivado una reacción inmediata. El portavoz popular, Borja Sémper, ha escrito en las redes sociales que se trata de "una vicepresidenta acusando a un magistrado de prevaricación" y un "ataque" del Gobierno a la división de poderes. "La defensa de los políticos indepes a costa de nuestro Estado de Derecho sigue su escalada", ha sentenciado.
El PP ve de "una gravedad extrema" que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, haya insinuado que hay jueces que prevarican. Critican además "el silencio" de los ministros de Justicia, Defensa y del propio Pedro Sánchez que, según el PP, confirma que el PSOE "ya no cree en aquellos estamentos de la Justicia española en la que no haya un juez o magistrado elegido directamente por el presidente del Gobierno".
García Castellón rechazó de plano un recurso de la Fiscalía y se ha reafirmado en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democrátic.
La Fiscalía, que discrepa abiertamente de que los disturbios de 2019 atribuidos a este movimiento en respuesta a la sentencia del "procés" puedan ser calificados de terrorismo, recurrió hace meses tanto la decisión del juez de dirigirse contra Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira, como la resolución en la que pedía al Supremo investigar al expresidente catalán al estar aforado como eurodiputado.
Al margen de cómo discurra en la vía parlamentaria la tramitación de la proposición de ley de amnistía, en el plano judicial, el juez ha dictado un auto en el que rechaza este último recurso del fiscal y sostiene que las últimas diligencias que ha llevado a cabo en la investigación han afianzado su tesis inicial de que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo.
Se refiere, concretamente, a la documentación que ha ido solicitando para esclarecer la muerte por un paro cardíaco de un turista francés el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat, sede de algunos de los disturbios que se investigan.
El juez, que trata de indagar si este fallecimiento tuvo relación con las protestas, menciona en su auto documentación aportada por los Mossos sobre lo que ocurrió aquel día o la personación en la causa de varios policías que fueron lesionados días después en otros incidentes.