El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado convencido este martes de que en las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 las autoridades se ajustaron "en todo momento" al ordenamiento jurídico y actuaron bajo el principio superior del interés del menor.
En declaraciones a los medios antes de comparecer en la comisión de Interior, Marlaska ha respondido a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó este lunes que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, llevada a cabo por la Delegación de Gobierno, fue "ilegal" por la "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería y porque lo prohíbe "de manera lapidaria" el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Tras dejar claro que el Gobierno respeta las resoluciones judiciales, Marlaska ha defendido que las autoridades competentes en la materia "actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor".
Este interés del menor, ha añadido, "es un principio que rige de una forma taxativa y expresa al conjunto de poderes del Estado y al Gobierno", por lo que las administraciones autonómicas y locales dirigen sus actuaciones con este parámetro.
Y ha zanjado: "Estoy absolutamente convencido que las autoridades competentes, en este caso, como en otros, actuaron con el convencimiento pleno de ajustar su actuación al ordenamiento jurídico e inspirados en todo momento por el interés de menor".
Ya en la comisión de Interior y tras interesarse por la resolución judicial los portavoces de varios grupos parlamentarios como Sumar, PNV y Eh Bildu, Marlaska ha explicado que el Supremo rechaza los recursos de casación del Gobierno de la Ciudad de Ceuta y la Delegación del Gobierno.
"El Ministerio del Interior no era parte", ha asegurado el ministro antes de recordar que la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se pronunció a favor de la actuación de su departamento al desestimar el recurso de una ONG.
El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha exigido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dé explicaciones después de que el Tribunal Supremo haya declarado "ilegal" el retorno a su país de los menores marroquíes que entraron ilegalmente en Ceuta en mayo del 2021.
"El ministro tiene que dar explicaciones y, sobre todo, hay que reparar lo ocurrido para que no vuelva a pasar porque estamos frente a una catástrofe moral, además de una ilegalidad", ha manifestado el parlamentario en declaraciones a los periodistas en el Congreso, donde ha eludido pronunciarse sobre si su grupo va a pedir la dimisión de Marlaska.
El diputado de En Comú Podem ha aseverado que la sentencia del Supremo, que sostiene que las autoridades españolas no cumplieron los requisitos que fija la Ley y el Reglamento de Extranjería, confirma que la devolución "en pack de 1.500 menores de edad no solamente es un acto bárbaro, sino un acto de inhumanidad".
"Ver a los menores tratados como simples peones en las guerras o en la frontera es algo que supone una catástrofe moral como humanidad", ha lamentado Pisarello.
Sumar está "a la espera" de las explicaciones que dé este martes el ministro en la Comisión de Interior, que, a su juicio, han de permitir que se repare el daño causado para que no vuelva a ocurrir ya que, como sostiene el Supremo, "no hay ningún acuerdo bilateral" entre el Gobierno y Marruecos que pueda estar por encima del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En su sentencia, el alto tribunal asegura que el acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores para justificar las devoluciones no constituye por sí solo fundamento normativo suficiente para decidir ese retorno ya que básicamente no contempla ningún trámite ni requisito procedimental.
Grande-Marlaska, ha instado al PP y Vox a ser "honestos y responsables" con la ciudadanía para no volver a correlacionar inmigración y delincuencia, porque esa vinculación, que es "completamente falsa", crea alarma social, miedo y odio: "No lo voy a tolerar", ha enfatizado.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Interior de esta legislatura para dar cuenta de las líneas generales de su departamento, el ministro ha repasado las políticas emprendidas desde que ocupó la cartera en 2018 y ha incidido en los objetivos prioritarios para los próximos años, como la lucha contra la violencia machista, la ciberseguridad o la inmigración.
Marlaska ha asegurado que no tolerará que la extrema derecha vincule a los inmigrantes con la comisión de delitos, una equiparación que también ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al apuntar que migrantes trasladados a la localidad de Alcalá de Henares desde Canarias habían cometido agresiones sexuales y participado en reyertas.
"Sean responsables y honestos. Este tipo de afirmaciones son completamente falsas (...)", ha recriminado el ministro antes de instar al PP y Vox a que no lancen mensajes de miedo y de odio.
Durante su intervención, ha señalado que la llegada de inmigrantes aumentó el pasado año un 82 % respecto a 2022. "Los datos están ahí, no los vamos a ocultar", ha admitido antes de desgranar que de los 270.000 migrantes que llegaron a las costas europeas, casi el 60 % lo hicieron a Italia (270.000 personas) y más de 55.000 a España, especialmente a Canarias, lo que supone un incremento del 59 %.
Pero ese alza en las llegadas no se produce por un efecto llamada sino que a ello contribuyen razones estructurales, como el deterioro de la situación en Túnez y Senegal, el golpe de Estado en Níger o, incluso, catástrofes naturales como los recientes terremotos en Marruecos y las inundaciones en Libia.