La Junta de Fiscales del Supremo han ordenado investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami tras analizar el informe del fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, que no veía indicios de ese delito tras reunirse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los fiscales siguen así el criterio del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, al rechazar el borrador del fiscal del Tribunal Supremo que pedía lo contrario.
El fiscal del Supremo defendía que no hay terrorismo ni concurren indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont, por lo que solicita devolver la causa de Tsunami Democràtic al juez de la Audiencia Nacional para que continúe la instrucción.
En su escrito, el fiscal repasa las acciones de Tsunami como el bloqueo del aeropuerto de el Prat y concluye que para que esos hechos sean calificados de terrorismo debe producirse un delito grave contra la libertad, lo que entiende que no ocurrió.
Sin embargo, los fiscales dejan ahora en evidencia este informe y ahora el Tribunal Supremo puede encargar que se redacte un nuevo texto con su criterio.
La teniente fiscal del Supremo y número 2 de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, resolverá si el Ministerio Fiscal propone al Alto Tribunal investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democrátic, ante las discrepancias en el seno de la carrera fiscal.
Tras cuatro horas de reunión, la Junta de Fiscales del Supremo se han mostrado partidaria por una amplia mayoría de investigar por terrorismo a Puigdemont, como propone el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, al rechazar el borrador del fiscal del Supremo Álvaro Redondo, que pedía lo contrario.
Llegados a este punto, el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que "los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe" de la Junta de Fiscales.
Pero ocurre que en la votación, los dos fiscales jefes, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, han expresado posturas contradictorias, el primero (uno de los cuatro fiscales del juicio del 'procés') a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont, y el segundo lo contrario.
Ante este escenario, el mismo artículo 24 precisa que "si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes deberá someter ambas a su superior jerárquico".
Y eso es precisamente lo que ha sucedido, por lo que corresponde a Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fijar la postura definitiva que elevará ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Pero más allá de la discrepancia entre los fiscales jefe, ella tiene que unificar criterio no solo entre los fiscales del Supremo, con una mayoría que sí aprecia terrorismo, sino también teniendo en cuenta la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que descarta de plano que los disturbios ocurridos tras conocerse la sentencia del 'procés' en octubre de 2019 sean constitutivos de este delito.
Dado que la labor de Sánchez Conde es fijar una postura única, por ser la Fiscalía un órgano jerárquico, podría darse el caso de que rechace el criterio de los fiscales del Supremo y siga la argumentación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Fuentes jurídicas informan de que varios fiscales del Supremo creen que esa será la postura que adopte la número 2 del Ministerio Público, es decir impondrá la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que no ve terrorismo en Tsunami.
Es más, esta Fiscalía recurrió hace meses tanto la decisión del juez de dirigirse contra Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como la resolución en la que pedía al Supremo investigar a los dos aforados, estos son Puigdemont y el diputado catalán Rubén Wagensber, que ahora se encuentra en Suiza. Ambas decisiones están pendientes de resolución.