La ley de amnistía ha quedado aprobada de forma definitiva este jueves en un bronco debate en el Congreso por 177 votos a favor y 172 en contra. De esta forma, la ley de amnistía, pactada con ERC y Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, verá la luz seis meses después de que la proposición de ley fuera registrada por el PSOE bajo el trámite de urgencia y tras unas duras negociaciones con los independentistas sobre los delitos de terrorismo.
Sánchez afronta un escenario de incertidumbre a partir de la aprobación de la ley de amnistía, tal y como se lo ha hecho saber el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sostiene que el apoyo del secesionismo al Gobierno el resto de la legislatura no está asegurado. "Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse", ha afirmado Feijóo, que cree que si la norma se aplica, el independentismo "ya no va a necesitar a Sánchez" y si no se aplica, "no se lo van a perdonar".
Los independentistas catalanes ya hablan abiertamente de referéndum. Tanto Junts como ERC se lo han trasladado este jueves al Gobierno desde la tribuna del hemiciclo. Ambas formaciones han avisado de que la ley de amnistía no marca el punto y final de sus reinvidicaciones".
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha considerado que la amnistía no frena las aspiraciones de su formación y avisa de que la lucha "continúa". En los mismos términos se ha expresado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha anunciado la "siguiente parada", que no es otra que el referéndum.
Por ahora, una vez la norma pase el trámite en el Congreso, queda en manos de los jueces, que serán los encargados de aplicarla una vez que la ley sea publicada en el BOE y entre en vigor.
La ley ha tenido una tramitación tortuosa por la oposición frontal del PP y Vox, que han intentado frenarla tanto en el Congreso como en el Senado. En la Cámara Alta, los populares dilatando su procedimiento hasta el máximo de dos meses permitido por el reglamento. Después de diversos informes de los letrados, unos a favor de tramitar la amnistía y otros en contra, y tras arduos debates y algún conflicto como el que planteó el Senado al Congreso por las atribuciones de las Cámaras y que finalmente fue retirado, la amnistía se aprueba y pasa a manos de los jueces, que serán los encargados de resolver cada caso que se plantee en un margen de dos meses.
La ley de amnistía no será publicada de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la previsión es que pueda hacerse a partir de la próxima semana, según han informado a EFE fuentes del Gobiern, porque habrá que esperar a que lo haga previamente el Boletín Oficial de las Cortes. Se trata, según recalcan las fuentes citadas, del procedimiento habitual.
Por tanto, no se incluirá este mismo viernes en el BOE y se estará a la espera de cuándo lo haga el Boletín de las Cortes, que suele tardar en torno a una semana en publicar las leyes y, unos días después, hace lo propio el Boletín del Estado.
Además, la ley deberá ser sancionada por el Rey, que, según el artículo 91 de la Constitución, tiene un plazo de quince días para hacer efectiva la sanción de las leyes, promulgarlas y ordenar su inmediata publicación.
Con todos esos condicionantes no se apunta una fecha estimada para la publicación en el BOE pero en cualquier caso será en un máximo de quince días. En consecuencia, podría publicarse en la recta final de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio o hacerlo poco después.
Lo que sí recoge el propio texto de la ley en su disposición final es que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Fuentes socialistas del Gobierno reconocen cierta preocupación por la aplicación de la ley que hagan los jueces, sobre todo tras el envío de una guía elaborada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial con indicaciones para elevar cuestiones prejudiciales sobre esta norma a la justicia europea, lo que forzaría su suspensión. Al respecto, estas fuentes confían en que no haya ninguna doctrina ni interpretaciones interesadas por parte de los jueces.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que el Gobierno apoya a los jueces y cree que deberán aplicarla "con independencia, con rigor, con profesionalidad y con excelencia técnica" mientras que desde Sumar se avisa de que podrían incurrir en un delito de prevaricación.
El PP mientras tanto se prepara para dar la batalla en todas las vías para tumbarla, incluida la vía jurisdiccional y el recurso ante el Tribunal Constitucional. Por ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera dirigente popular en anunciar que lo presentará desde la Comunidad de Madrid.