La Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que levante la orden de arresto contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y que declare amnistiados todos los delitos que se le atribuyen a él y al resto de líderes independentistas implicados en el "procés".
En sendos informes, el ministerio público solicita formalmente al alto tribunal que aplique la ley de amnistía íntegramente al exvicepresident Oriol Junqueras y al resto de condenados, así como a aquellos que huyeron, incluido Puigdemont, dos de sus exconsellers -Toni Comín y Lluis Puig- o la dirigente de ERC Marta Rovira, a quienes reclama que se les retire las órdenes de detención.
Los informes los firman la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de sala jefe de lo Penal en el alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa, después de que los cuatro fiscales del "procés", partidarios de no perdonar la malversación, se retirasen del caso tras chocar contra el criterio del fiscal general del Estado, que aboga por aplicar la amnistía.
Tras un profundo debate en el seno de la carrera, finalmente salió adelante la tesis del fiscal general, defendida por estos dos altos cargos, que piden al Supremo que decrete el archivo de una causa que se remonta a 2017 para todos los líderes soberanistas implicados, declare extinguida las penas de inhabilitación aún vigentes -para Junqueras, hasta 2031-, y elimine los antecedentes penales.
La reacción de la Fiscalía se produce después de que Carles Puigdemont haya pedido al Tribunal Supremo que levante la orden de arresto que pesa contra él como "única solución" conforme a la ley de amnistía, y proceda a "declarar amnistiados" todos los hechos que se le atribuyen en el "procés".
La defensa de Puigdemont ha presentado un escrito ante el magistrado que le investiga desde 2017, Pablo Llarena, en el que defiende que la ley de amnistía conduce de manera "inevitable" al borrado de la orden de busca y captura nacional e ingreso en prisión que pesa contra él como procesado en rebeldía por malversación agravada y desobediencia.
Sostiene el letrado Gonzalo Boye que "debe primar el derecho a la libertad personal" y defiende que todos los hechos que se le atribuyen, incluida la malversación, "se encuentran inequívocamente comprendidos" en el paraguas de la amnistía, de modo que solicita el archivo de la causa.