Desde 1999, gracias a la campaña de bombardeos de la OTAN contra la República Federativa de Yugoslavia, los albaneses de Kósovo controlan en la práctica el territorio, que autoproclamó su independencia en 2008. Aunque se trata de un Estado que buena parte de la comunidad internacional no reconoce, es claro que hoy, en Prístina, hay unas autoridades responsables de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todos sus habitantes.
Sin embargo,desde 1999, los derechos de los serbios de Kósovo y Metohija -que es como de verdad se llama la provincia autónoma serbia- son violados de forma sistemática. Las autoridades albanesas de Kósovo no sólo no protegen a los serbios, sino que han empleado todos los recursos a su alcance para debilitar su comunidad y hacer imposible, por la vía de los hechos consumados, su presencia en una tierra que fue el corazón de la serbia medieval y donde los serbios eran mayoría.
El último episodio del acoso a los serbios ha sido la ofensiva contra sus instituciones. Desde 1999, los serbios de Kósovo, que para la República de Serbia sigue siendo una de sus provincias, han contado con el apoyo de los gobiernos de Belgrado, así como con el de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Son frecuentes las colectas y las peticiones de fondos para ayudar a la única minoría cristiana perseguida en nuestro continente. Alienados en su propia tierra, los serbios de Kósovo necesitan protección frente a sus vecinos albaneses. De hecho, el odio a los serbios sirve para distraer la atención de los gravísimos problemas que sufren los habitantes del territorio. Siempre es bueno tener un enemigo al que culpar de todos los males así que, cuando algún político de Kósovo necesita un fantasma que agitar, los serbios pagan las consecuencias.
El ataque contra las instituciones serbias de Kósovo ha consistido en la intervención policial de sus oficinas. Han allanado diversos edificios e instalaciones so pretexto de que son «instituciones paralelas serbias». Por ejemplo, en la localidad de Goraždevac, efectivos de la policía y la fiscalía han entrado en la oficina de correos e interrogado a los que estaban allí presentes sobre el uso que hacían de los cajeros automáticos. No vayan ustedes a pensar que eran terroristas yihadistas recibiendo dinero para cometer atentados. Sólo se trataba de pensionistas que retiraban algo de dinero.
El trasfondo de este último movimiento hostil contra los serbios es el interés político de Albin Kurti, un político nacionalista de izquierdas que ocupa el cargo de primer ministro. Con independencia de que se reconozca a Kósovo como Estado o no, lo que sí es evidente es que, quien controla el territorio, tiene responsabilidades de derecho internacional hacia sus habitantes. El que dirige a las autoridades de Kósovo es Kurti y, por lo tanto, él es el último responsable de este hostigamiento. Dado que trabajó en la portavocía del Ejército de Liberación de Kósovo (UÇK por sus siglas en albanés), la organización terrorista financiada desde el extranjero que se hizo con el poder después de los bombardeos de 1999, Kurti conoce la importancia de pretender que Kósovo es un Estado mediante actos concretos; por ejemplo, el despliegue de seguridad para acabar con «instituciones paralelas». La propia denominación del Ejército de Liberación pretendió revestir de lucha nacional lo que sólo era la actividad criminal de una banda armada.
De hecho, si las autoridades albanesas de Kósovo quisieran acabar con las «instituciones paralelas», la más importante del lugar es el crimen organizado. Una misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) emitió el pasado mes de junio un informe en el que advertían de la perpetuación de la «sensación de impunidad» y el socavamiento de la «confianza pública en el sistema de justicia». Advierte de la baja calidad de las acusaciones, lo que produce altas tasas de absoluciones. La ineficacia de las acusaciones se ve agravada por la escasez de las confiscaciones de bienes. Si las autoridades albanesas de Kósovo quieren imponer de verdad el orden, luchar de forma más efectiva contra el crimen organizado podría ser un primer paso. Los serbios, ya muy golpeados por un marco jurídico, político y económico que los convierte en ciudadanos de segunda clase, no son el mayor problema que tiene Albin Kurti.
La criminalidad organizada en el territorio en el que manda Albin Kurti no sólo afecta a la región de los Balcanes Occidentales, sino también al resto de Europa. Por ejemplo, en España, el pasado mes de junio la Policía Nacional, en colaboración con la Policía de Albania -que sí es un Estado unánimemente reconocido- desarticuló una red dedicada a favorecer la inmigración ilegal de albaneses. Hubo 26 detenidos, 47 registros -uno de ellos en España- y un laboratorio de falsificación de documentos que operaba en Kosovo. Esta intervención es la séptima fase de un conjunto de operaciones que comenzaron en 2019 y que hasta el momento han producido 56 detenciones además de los 26 detenidos de junio pasado.
Kósovo fue el precedente de todas las modificaciones, amputaciones e invasiones que se vienen produciendo en Europa desde comienzos de este siglo. Su caso es la prueba de que una organización criminal puede alcanzar el poder gracias al apoyo internacional y, además, envolverse en la bandera humanitaria. Las conversaciones entre serbios y albaneses de Kósovo que la Unión Europea ha venido apoyando no han servido, a la vista está, para que los derechos de los serbios del territorio sean respetados.
La Unión Europea, los Estados Unidos y algunos socios importantes como Alemania -cuyo embajador puso un mensaje en Twitter- ya han condenado los pasos que está dando Kurti. Sin embargo, hay un problema de fondo: se sigue pensando que el conflicto de Kósovo -y, sí, sigue habiendo un conflicto- se puede resolver unilateralmente desde Prístina. No es así. El proceso comenzado a partir de la retirada de los efectivos serbios de la provincia de Kósovo en 1999 sólo ha conducido a una situación fallida que no se resolverá mediante imposiciones, provocaciones ni actos de fuerza.