Sin embargo, esa feliz fraternidad de partidos arrimados a la teta monclovita se quiebra con facilidad. Basta que la demagogia izquierdista amenace los intereses empresariales en Cataluña o el País Vasco. Con eso no se juega. No es lo mismo el bolsillo propio y el ajeno. Las declaraciones de Andoni Ortuzar y Miriam Nogueras resultan elocuentes.
Ortuzar ponía sobre la mesa la irregularidad de este nuevo bandazo fiscal: “Ahora no son impuestos, ahora son unos gravámenes bastante irregulares”, declaraba. Y lanzaba un aviso al Gobierno: “No es bueno matar a la gallina de los huevos de oro”
Por su parte, Nogueras aseguraba que Junts no permitirá que se apruebe nada que ponga en riesgo “cualquier inversión de cualquier tipo en Cataluña, y en concreto en Tarragona”, en referencia a un proyecto por valor de 1.100 millones de euros de Repsol en esa región.
Se trata de dos reacciones próximas a lo que hasta ahora era un clamor en el mundo empresarial. El impuestazo es arbitrario, señala innecesariamente a dos sectores concretos de la economía, la banca y las eléctricas, debilita a las empresas españoles frente a sus competidoras, le resta atractivo al mercado español, desincentiva la innovación y la eficiencia, ahuyenta las inversiones y pone en riesgo puestos de trabajo.
Este mismo jueves, la CEOE reiteraba su postura: sobran los impuestos “a la carta”. Los grandes proyectos empresariales porque se irán a otro lugar, a salvo de la voracidad recaudatoria del Gobierno.
Por el momento, el Gobierno ha hecho lo que mejor sabe, ganar tiempo. No cuentan con los apoyos parlamentarios necesarios. Seguirán, dicen, negociando. Y no sería extraño que de esta nueva humillación resultaran nuevos privilegios, nuevos agravios y nuevas maneras de dilapidar la riqueza.