El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia esta semana y hasta el próximo 9 de enero su particular vía crucis navideño y judicial con las declaraciones de algunos de sus más estrechos colaboradres. Durante las próximas semanas desfilarán por los juzgados, entre otros, Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, el empresario Víctor de Aldama, su mujer Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez.
Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama, comparecen esta semana ante el Tribunal Supremo, tras la declaración del también exdirigente socialista en la que negó todas las acusaciones del presunto conseguidor de la trama.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado este lunes a Víctor de Aldama, quien ha terminado ya de declarar, y el martes a Koldo García. Aunque, a diferencia de Ábalos, ellos no están aforados, el juez decidió también investigarlos respecto a los hechos relacionados de forma "directa e inescindible" con el exministro y adquirió la competencia frente a la Audiencia Nacional.
Existe una gran expectación mediática por ambas comparecencias, ampliada tras la declaración de pasado jueves del exministro, en la que negó todas las acusaciones vertidas contra él por De Aldama y descargó parte de la gestión que se le atribuía en su exasesor.
Según fuentes jurídicas, el exministro negó haber cobrado comisiones ilegales en efectivo o en especie, como la casa de Cádiz o el alquiler del piso a la mujer con la que mantenía una relación personal, y también rechazó haber dado instrucciones para adjudicaciones públicas a favor de Aldama.
Igualmente se desmarcó de sus últimas acusaciones de contratos preadjudicados a constructoras, y de la supuesta operación por la que, según De Aldama, él obtendría un piso en el Paseo de la Castellana, en Madrid, como garantía del compromiso de varias constructoras de pagar comisiones.
Su versión choca con el relato de De Aldama, quien acude al Supremo conociendo las respuestas de Ábalos -algo que el segundo trató de evitar sin éxito- y tras haber confesado en la Audiencia Nacional que cobró unos 5,5 millones en comisiones, pero también que pagó miles de euros en efectivo a Koldo y al exministro como contraprestación por distintas cuestiones.
De Aldama, presunto conseguidor de la trama investigada, ha prometido colaborar con la Justicia a cambio de su salida de prisión, hace unas semanas. En esa estrategia, ha vertido duras acusaciones de comisiones contra Ábalos y otros altos cargos del Gobierno y del Partido Socialista.
Se espera que en su declaración contradiga las explicaciones del exministro y está por ver si aporta nueva documentación con la que busque apuntalar sus acusaciones, revelar nueva información o apuntar nuevamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Sus declaraciones están, por el momento, siendo cotejadas por los investigadores; en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno ordenó a la Guardia Civil verificarlas, y en la causa del Supremo, la Fiscalía Anticorrupción debe valorarlas y determinar si la documentación que aporta es suficiente para apoyar su relato.
Porque De Aldama sigue siendo uno de los principales investigados en esta trama de presunto cobro de comisiones en contratos públicos de mascarillas en 2020 que, según la Fiscalía fue en realidad un "negocio" entre él y otro empresario, que se habrían embolsado millones de euros.
Un día después del empresario, llegará el turno de Koldo García, el más estrecho asesor del exministro cuyo nombre bautizó el caso, y a quien los investigadores atribuyen un rol determinante como supuesto intermediario en la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión de los contratos de mascarillas investigados a cambio de comisiones.
Tras ser detenido en febrero, García prefirió guardar silencio en la Audiencia Nacional, si bien fuentes cercanas al exasesor apuntan a EFE que su intención ahora es declarar en el Supremo y aclarar extremos como que él no tenía ningún poder de decisión sobre los contratos ni podía autorizar nada en la administración.
Koldo aludirá previsiblemente, según las fuentes, a la situación de emergencia que se vivía en los primeros momentos de la pandemia, en los que no había material sanitario suficiente, y explicará que él se encargó de supervisar la entrada en España del material adquirido.
Pero la Fiscalía le preguntará por muchos otros indicios recogidos en la causa, como su "notable" incremento patrimonial -unos 1,5 millones dice el sumario- en el momento de la adjudicación de los contratos, que los investigadores conectan con presuntas comisiones da hasta 10.000 euros al mes que habría recibido de De Aldama y que éste reconoce, y con las que el empresario se aseguraba tener acceso a Ábalos.
A Koldo García, del que se hicieron famosas sus reuniones en la marisquería La Chalana, en Madrid, también se le atribuyen gestiones para elegir el chalé en Cádiz del que disfrutó unos meses Ábalos -y que la Fiscalía ve como una contraprestación-.
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acude por tercera vez este año a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para declarar como investigada por los nuevos delitos que le imputó el juez Juan Carlos Peinado sobre la contratación de un software para la cátedra que codirigió.
La investigación a Begoña Gómez, iniciada en abril tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, coge impulso la semana antes de los festejos de Navidad con tres declaraciones: la suya y la del exconsejero madrileño Juan José Güemes, citados como investigados el miércoles, y la de una asesora de Moncloa, como testigo, el viernes.
Comparecencias que girarán en torno a la faceta profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la cátedra que codirigió, y a su contratación como directora del África Center, organismo que pertenece al Instituto de Empresa (IE), del que es directivo Güemes.
Desde que se abrió la causa, Begoña Gómez ha ido dos veces al juzgado: en la primera se suspendió su comparecencia porque no se le notificó la querella que presentó contra ella la asociación ultracatólica Hazte Oír; y en la segunda, la investigada se acogió a su derecho a no declarar.
Este miércoles acudirá de nuevo para declarar por los presuntos delitos de intrusismo y apropiación indebida en relación al proceso de contratación de un software para el máster de la cátedra que codirigió en la Complutense.
El juez le imputó hace unos meses estos nuevos delitos -que se unen a los de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios- tras admitir una segunda querella de Hazte Oír, que le atribuía haber inscrito a su favor el software para la cátedra Transformación Social Competitiva y haber redactado unos pliegos para la contratación.
En su defensa, su abogado aseguró en un escrito que Gómez firmó aquellos pliegos porque la Complutense se lo requirió y rechazó cualquier irregularidad.
Y es en este punto donde se enmarca también la declaración el viernes como testigo de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, cuyo nombre apareció en una cadena de correos aportados por el abogado de Gómez al juzgado.
Se trata de comunicaciones enviadas desde Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad a un conjunto de personas, entre ellas Álvarez, sobre la licitación del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas relacionados con la Plataforma de Gestión y Mediación de Impacto para la Pequeña y Mediana Empresa que -decía uno- "debe firmarlo" Begoña Gómez.
En el sumario también obra otro correo enviado por Álvarez, directora de Programas de Presidencia, desde una cuenta personal a la directora de Comunicación de la empresa Reale. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", escribe.
Por otro lado, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, declarará el próximo 9 de enero por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación, el mismo día que el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto en el que se citaba a declarar como investigados a ambos. La magistrada Beatriz Diezma fijó las declaraciones de Gallardo y David Sánchez para el próximo 9 de enero por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
En un auto con fecha de este miércoles, 11 de noviembre, la jueza ha desestimado el recurso de la Fiscalía, al que se había adherido el letrado de David Sánchez, y confirma la resolución del 27 de noviembre en todos sus extremos.
Según la jueza, "ninguna indefensión se ha causado a los investigados, pues los mismos han tenido y tienen puntual conocimiento de todo lo instruido, pudiendo acceder al procedimiento en su totalidad"
"Incluidos -añade- los correos electrónicos analizados, al haberse alzado el secreto decretado en las piezas separadas que fueron incoadas para la incautación de dichos correos electrónicos analizados posteriormente por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y constando la descripción de los hechos objeto del procedimiento en cada una de las resoluciones que se han ido dictando".
Las cuales, dice la juez, "han sido notificadas de forma personal a cada uno de los afectados por las mismas y con la antelación suficiente para preparar su defensa".
La jueza aclara, además, que la citación "no quiere decir, en aplicación del principio de presunción de inocencia, que esa persona haya cometido un delito, ni siquiera que vaya a ser acusada por ello, sino que el Juzgado de Instrucción tiene como función y deber investigar todos los hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal".
La Fiscalía de Badajoz recurrió el auto de imputación al considerar que no se "determinan los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados". El auto de este 11 de noviembre indica, además, que "habiéndose interpuesto subsidiariamente con el de reforma recurso de apelación, se admite dicho recurso en un solo efecto (devolutivo, no suspensivo)".
Es decir, aunque la magistrada rechaza el recurso de reforma interpuesto por la Fiscalía, sí admite el de apelación con carácter devolutivo, lo que conlleva a que la Audiencia Provincial tenga que pronunciarse sobre los términos expuestos en este auto.
La parte dispositiva indica que conforme a lo dispuesto en el artículo 766.4 de la ley de enjuiciamiento criminal, antes de dar traslado a las demás partes personadas, da al recurrente un plazo de cinco días para que formule sus alegaciones, señale los particulares que han de ser testimoniados para su remisión a la Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación y pueda presentar, en su caso, los documentos justificativos de sus peticiones.