El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de Alberto González Amador contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por llamarle "defraudador confeso".
Así lo acuerda el alto tribunal en una sentencia en la que concluye que las declaraciones objeto de la demanda constituyen una crítica política que, "guste o no como realidad social, es frecuente en nuestros días".
Y añade que "concurren los elementos legitimadores de la libertad de expresión pues las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social, no se utilizan insultos o expresiones injuriosas y tienen una base fáctica razonable (que no quiere decir que sea exacta)"