El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha retirado el pasaporte al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien le prohíbe salir del país y le obliga a comparecer cada 15 días.
Al término de la declaración del también ex secretario de Organización del PSOE, el ministerio público había solicitado la retirada del pasaporte -que ha sido apoyada por la acusación popular del PP-, y también la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.
El exministro, que ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal, se ha ratificado en la declaración que ya prestó el pasado 12 de diciembre, en la que negó haber recibido comisiones del empresario Víctor de Aldama.
El juez ha dictado un auto en el que dice que "persisten los indicios de la posible comisión de diferentes ilícitos penales" y que estas medidas "no es solo que resulten precisas en atención a la gravedad de los hechos", sino que también "resultan plenamente proporcionadas en tanto que solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su liberad deambulatoria".
Puente ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que ha pedido las cautelares argumentando que existen indicios de criminalidad, una solicitud a la que se ha adherido la acusación popular del PP, que coordina a las otras seis personadas.
La defensa, por su parte, se ha opuesto a ello al alegar que no existen indicios de criminalidad, ya que declaró voluntariamente en la causa, y que como carece de cualquier clase de bienes en el extranjero, eso excluye el riesgo de fuga.
Se trata de las mismas cautelares que pesan contra los otros dos investigados, el empresario y presunto comisionista de la trama Víctor de Aldama y el exasesor del exministro Koldo García.
Tras el aval del Congreso para proceder contra Ábalos, el juez acordó una batería de informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellos, un informe sobre la situación económico-patrimonial del exministro "a la mayor brevedad posible".
Asimismo, solicitó otro informe de las llamadas que conciernen a Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, con especial referencia a los mensajes que este último pudo haber intercambiado con el exministro, con el ministro Ángel Víctor Torres o con el dirigente del PSOE Santos Cerdán.
Durante la comparecencia, que ha durado 40 minutos, Ábalos ha respondido a las preguntas del juez, del fiscal y de su defensa limitándose básicamente a ratificar lo dicho en su declaración voluntaria del 12 de diciembre, en la que negó el cobro de comisiones y rechazó apuntar a cargos del Gobierno o del PSOE.
Según fuentes jurídicas, el exministro ha vuelto a insistir en que su patrimonio está limpio y que no tiene productos financieros ni sociedades, a la espera de lo que concluya el informe que tiene pendiente la UCO al respecto.
También ha negado con rotundidad las últimas acusaciones de Aldama sobre los pisos que dijo haber alquilado para encuentros con mujeres prostituidas en los que ubicó a Ábalos, Koldo y al ministro Ángel Víctor Torres.
El juez, además, le ha preguntado por la llegada de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España, en enero de 2020. Ábalos ha dicho que no sabia quién estaba en el avión de Barajas y que desconocía que no podía entrar en nuestro país, más aun cuando tenía una reunión agendada con la vicepresidenta.
El magistrado también ha preguntado a Ábalos sobre un chalé en Perú que, según explicó el exministro esta semana en X, no es una vivienda, sino un centro social en la ciudad de Chimbote registrado a nombre de una antigua fundación -Fiadelso-, de la que fue presidente hasta 1998.
En este sentido, según las fuentes, el exministro ha indicado que el suelo permanece a su nombre, pero que es una cuestión circunstancial y debido a que la fundación no tenía personalidad jurídica.
Por otra parte, el magistrado ha rechazado el recurso de Ábalos contra el auto en el que ordenó una investigación patrimonial sobre él y su hijo, y acordó citar a 17 testigos en las próximas semanas.