La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que impondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo si el Gobierno central sigue sin evaluar el coste de su Ley de Eficiencia de la Justicia. La jefa del Ejecutivo regional recuerda que los presidentes autonómicos son también garantes del orden constitucional, la unidad nacional, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de todos los españoles.
Las declaraciones de Ayuso se han producido en el acto de presentación de la maqueta de la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid
“La nueva reforma judicial, conocida como la Ley de Eficiencia, supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas”, ha denunciado Ayuso, “disfrazada de palabras mágicas como modernizar simplificar, hay un nuevo Caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes”.
“Donde dice eficiencia deberíamos saber leer control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva”, ha sentenciado.
La presidenta ha relatado que el 10 de abril presentó un requerimiento formal al Gobierno para que de manera inminente evaluara el coste real de esta Ley de Eficiencia y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente. Porque, ha argumentado, si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más.
De no atender al requerimiento antes del 10 de mayo, la Comunidad de Madrid presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo.