El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que impone unilateralmente la capacidad ordinaria de acogida de los menores inmigrantes no acompañados en cada comunidad autónoma, una norma que supone el último paso para poner en marcha el reparto obligatorio de estos jóvenes entre las regiones del país y que llega después de que el Tribunal Supremo obligara en junio al Gobierno a hacerse cargo de alrededor de un millar de menores solicitantes de asilo en Canarias. La medida fija la ratio de acogida en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes y, según los cálculos del Ejecutivo, permite que ni el País Vasco ni Cataluña estén obligadas a acoger a nuevos menas.
El hecho de que Cataluña y el País Vasco queden fuera de este reparto ha generado un profundo malestar entre otras comunidades, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, que consideran que el Gobierno está otorgando un trato de favor a los territorios con los que mantiene acuerdos políticos clave. Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia o Castilla y León han denunciado lo que califican de privilegio injustificado y una decisión “a medida” para contentar a socios independentistas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha llegado a exigir que Andalucía sea considerada también frontera, advirtiendo de que la presión migratoria en su territorio es enorme y acusando al Ejecutivo de Sánchez de favorecer deliberadamente a Cataluña y al País Vasco en detrimento del resto de autonomías.
Con este decreto, Andalucía, Cataluña y Madrid aparecen como las comunidades con mayor capacidad ordinaria para tutelar a estos menores, mientras que Navarra, Cantabria, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las que menos plazas tienen disponibles. Los territorios que superen el triple de su capacidad ordinaria, como ocurre en Canarias o Ceuta, podrán solicitar la declaración de contingencia migratoria, lo que obligará al traslado de menores a otras comunidades menos saturadas. Según los datos del Ministerio de Infancia, Andalucía cuenta con 2.827 plazas, Cataluña con 2.650 y Madrid con 2.325, por delante de Comunidad Valenciana con 1.767, Galicia con 886, Castilla y León con 783, Canarias con 737 y País Vasco con 731.
El Gobierno defiende que la norma busca garantizar un reparto equitativo y humanitario, atendiendo a criterios como la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial o la condición de frontera o insularidad. La ministra portavoz, Pilar Alegría, destacó tras el Consejo de Ministros que se trata de “un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante” y subrayó que el objetivo es dar una acogida digna a los niños y niñas que llegan solos a España. En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, habló de un “punto de inflexión en el desarrollo de un proceso de acogida vinculante, digna y solidaria”, y adelantó que los traslados comenzarán en los próximos días de acuerdo con el protocolo establecido.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció la convocatoria de una reunión interministerial el próximo martes para coordinar la logística de los traslados, que en una primera estimación sitúan a Andalucía como la comunidad que más menores deberá acoger, con 677, seguida de Madrid con 647 y la Comunidad Valenciana con 571. Galicia, con 317, Castilla-La Mancha, con 320, Aragón, con 251, y otras regiones como La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Cantabria, Asturias, Murcia, Navarra y Baleares completan la lista de acogida obligatoria.
Pese al discurso del Ejecutivo, la norma ha provocado una oleada de rechazo entre las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular. Hasta once regiones han anunciado recursos ante los tribunales, entre ellas Madrid, Castilla y León, Baleares, Murcia, Galicia o La Rioja, que denuncian que el reparto es una “imposición” del Gobierno central y que sus recursos de acogida están ya saturados. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo y Baleares pedirá la suspensión cautelar de la norma. Andalucía, por su parte, reclama que se considere frontera a la comunidad y acusa al Gobierno de favorecer al País Vasco y Cataluña al quedar exentas de las obligaciones. Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, también ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional, sumándose a las críticas contra el decreto.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, denunció que el reparto se ha hecho sin diálogo con las autonomías y acusó al Ejecutivo de actuar con opacidad, mientras que Galicia recordó su voluntad de ser una comunidad acogedora, pero alegó no disponer de más capacidad para nuevos menores. Desde Canarias, en cambio, se ha subrayado que si hay comunidades tensionadas deberían haber hecho un esfuerzo previo como han hecho las islas, que han tenido que habilitar centros de urgencia para responder al flujo constante de menores llegados a sus costas.