La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de cárcel para José Luis Ábalos por seis delitos en el marco de la investigación del caso Koldo en relación a la presunta obtención de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles en el Supremo su escrito de conclusiones provisionales, en el que también reclama 19 años y medio de prisión para el exasesor ministerial Koldo García y 7 años más una multa de 3,7 millones de euros para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.
A Ábalos y a Koldo García les acusa por seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras prometer colaborar con la Fiscalía en este procedimiento, le atribuye los dos primeros y uso de información privilegiada.
Además de las penas de prisión, el fiscal pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y más de 3,8 millones para Aldama y, en el caso de los dos primeros, solicita que indemnicen solidariamente a las empresas públicas Ineco y Tragsaset con 34.477 euros y 9.500 euros, respectivamente, así como el decomiso de las ganancias provenientes del presunto cohecho: al menos, 430.298 euros.
En el mismo informe, Anticorrupción ha solicitado al juez la celebración de una vistilla para revisar las medidas cautelares establecidas sobre el exministro Ábalos y Koldo García, han informado a EFE fuentes fiscales este miércoles.
Actualmente, tanto Ábalos como Koldo deben comparecer quincenalmente ante el juzgado, tienen prohibido salir de España y se les ha retirado el pasaporte.
El pasado mes de junio, tuvo lugar otra vistilla en el que el juez, de acuerdo con la postura de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares, lideradas por el PP, decidió dejar a ambos en libertad con esas medidas cautelares.
Pero el juez advirtió de que mantenía esa decisión "por el momento", dado que el riesgo de fuga puede aumentar según avanza el procedimiento, por lo que ahora Anticorrupción le pide que revise esas medidas.
Por otra parte, la Fiscalía pide como prueba para la vista oral la testifical de 39 personas, entre ellas, Pedro Saura, exsecretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente del Grupo Correos; y Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
También de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF e investigada en la rama del caso que se instruye en la Audiencia Nacional; al ex subsecretario general de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Jesús Manuel Gómez García y de los exdirectivos de Puertos del Estado Pedro Toledo y Álvaro Sánchez Manzanares.
Igualmente, pide la testifical de Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos; de Claudia Montes, la ex Miss Asturias que fue colocada en Logirail por la trama; del hijo del exministro Víctor Manuel Ábalos y del ex consejero delegado de Air Europa Francisco Javier Hidalgo.
Y, además, solicita citar a Leonor María González Pano y su madre Carmen Pano, la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente propuso el 3 de noviembre sentar en el banquillo a Ábalos, a Koldo y a De Aldama por por presuntos contratos irregulares de mascarillas.
A lo largo de 47 páginas, el juez expuso los indicios de delito contra los tres investigados por la rama principal del conocido como caso Koldo, que se desgajó a su vez en una pieza separada donde los tres están también imputados, junto al exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, quien ha sido puesto en libertad este miércoles.
El juez apunta a un "concierto de voluntades entre los investigados", quienes, "aprovechando el cargo" de Ábalos en el Gobierno, "convinieron" que podrían favorecer la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama "a cambio del correspondiente beneficio económico" para los tres.