En plena crisis por la avalancha de denuncias por acoso sexual en el PSOE, la última semana ha dejado también una sucesión de intervenciones policiales, registros y arrestos que vuelven a situar en el foco judicial en figuras y decisiones tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las investigaciones, dirigidas desde distintos juzgados y unidades especializadas, avanzan en paralelo y afectan tanto al rescate de la aerolínea Plus Ultra como a una presunta trama de contratos públicos bajo sospecha relacionada con la SEPI y su entorno político.
La UDEF detuvo este jueves al fundador y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, en una investigación por blanqueo de capitales. Los arrestos se produjeron horas después de que agentes de la Policía Nacional registraran la sede madrileña de la aerolínea —vinculada al régimen venezolano—, accediendo a documentación fiscal, teléfonos, equipos informáticos y servidores, de los que se realizaron copias forenses.
Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno en 2021 con 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, pese a contar con menos del 0,1% del mercado. El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos —procesado esta semana por organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación—, tuvo un papel central en la operación, en la que también intercedió José Luis Rodríguez Zapatero.
La nueva actuación judicial se suma a la investigación previa, archivada por un error procesal, en la que la jueza ya señaló que existía una “duda razonable” sobre la comisión de delitos en la concesión de la ayuda. La causa se ha reactivado tras recibir nueva documentación considerada relevante y permanece bajo secreto.
De forma simultánea, la UCO de la Guardia Civil desplegó este jueves un amplio dispositivo con 19 registros en Madrid, Zaragoza y Sevilla. Entre ellos se encuentran las sedes públicas de SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa, en busca de documentación relacionada con una supuesta trama de corrupción que arrancó en 2018, coincidiendo con la llegada del PSOE al poder.
Los registros se producen tras las detenciones el miércoles del expresidente de SEPI, Vicente Fernández, y de Leire Díez, exmilitante socialista conocida como “la fontanera de Ferraz”. Este jueves se sumó un nuevo arresto: Antxon Alonso, empresario y socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar.
La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña y Anticorrupción, está bajo secreto. Fernández y Díez pasarán a disposición judicial el sábado.
La tercera detención afecta directamente al ecosistema empresarial vinculado a Santos Cerdán. Antxon Alonso, su socio en Servinabar, fue arrestado en Vizcaya mientras la UCO registraba oficinas, inmuebles y un piso en Diego de León presuntamente utilizado por Díez y la denominada “cloaca” socialista como base de operaciones.
Fernández, quien fuera mano derecha de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, trabajó entre 2021 y 2023 para Servinabar, empresa investigada en el caso Koldo y señalada por presuntos amaños en contratos públicos. La Guardia Civil examina ahora su patrimonio, que habría aumentado de forma abrupta durante su paso por la SEPI y su posterior vinculación con la constructora. Según las pesquisas, acumuló más de cinco millones de euros en propiedades de alto nivel en Madrid, Marbella y Sevilla, algunas adquiridas al contado y otras mediante fórmulas que podrían encajar en mecanismos de financiación opaca.
Los investigadores sospechan que Fernández actuó como intermediario para facilitar el supuesto retorno de comisiones ilegales a la trama ligada a Cerdán.
La detención de Leire Díez se suma a la causa abierta en Madrid por cohecho y tráfico de influencias. Está acusada de intentar manipular investigaciones policiales y judiciales que afectaban al entorno de Sánchez, incluso recurriendo a presuntos chantajes a fiscales y mandos de la UCO.
En una declaración previa, el fiscal Ignacio Stampa aseguró que Díez llegó a presentarse como emisaria del PSOE y que afirmó actuar siguiendo órdenes del propio presidente del Gobierno para “limpiar sin límite” tras la imputación de Begoña Gómez.
La concatenación de detenciones, registros y nuevas diligencias dibuja un escenario de creciente presión judicial. Afecta tanto a decisiones políticas del Ejecutivo —como el rescate de Plus Ultra— como a supuestas tramas de corrupción vinculadas a altos cargos y excargos del PSOE con conexiones en Ferraz, la SEPI y empresas públicas estratégicas.
Todas las causas permanecen bajo secreto de sumario, pero las próximas semanas serán determinantes para esclarecer el alcance penal y político de una oleada que vuelve a sacudir el corazón del sanchismo.