La UCO detiene a Leire Díez y al expresidente de la SEPI por contratos públicos bajo sospecha

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, conocida como la 'fontanera de Ferraz', así como al expresidente de la Sociedad Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, estrecho colaborador de la vicepresidenta primera María Jesús Montero, ministra de Hacienda, líder de los socialistas andaluces y número dos del PSOE, según han indicado EFE fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos bajo sospecha.

Díez está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras de chantaje contra la Fiscalía o altos mandos de la UCO en la Guardia Civil con los que supuestamente pretendía malbaratar investigaciones judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los arrestados se encuentran en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), en el marco de una operación que sigue abierta.

La investigación, llevada a cabo por la UCO, sigue abierta, se encuentra bajo secreto de sumario y ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal Ignacio Stampa ratificó ante el juez el pasado 5 de noviembre que su denuncia sobre un intento de soborno y que la exmilitante socialista dijo seguir órdenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "limpiar sin límite", tras la imputación de Begoña Gómez. Además, ha asegurado que Díez se presentó como "emisaria del PSOE" y durante el encuentro "se habló de las saunas" que tenía en la capital el padre de la mujer de Sánchez, Sabiniano Gómez.

Fernández se embolsó más de cinco millones

Por su parte, Vicente Fernández, trabajó en Servinabar, empresa investigada en el caso Koldo, después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI (conglomerado estatal español que gestiona participaciones en empresas estratégicas como Correos, Navantia, RTVE o EFE, al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que ha sido absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.

Servinabar es una empresa vinculada con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se quedaba con un 2% de cada adjudicación que lograba Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con una trama que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.

Según detalla El Debate, los agentes de la UCO rastrean el patrimonio inmobiliario de Fernández, que habría experimentado un crecimiento vertiginoso desde su desembarco en el Gobierno. El exalto cargo habría logrado acumular más de 5 millones de euros en inversiones, gran parte de ellas en propiedades de lujo en Madrid, Marbella y Sevilla.

La pieza central de ese patrimonio es un piso en Puerta de Hierro, adquirido en agosto de 2018 por 1,4 millones de euros. A partir de entonces las compras se aceleran: viviendas y plazas de garaje en Marbella entre 2019 y 2025, incluyendo propiedades en Jardines de Don Carlos, Carib Playa y Lance de las Cañas; así como un chalet pareado adquirido en 2024 en la urbanización La Juliana, en Sevilla.

En total, el patrimonio inmobiliario adquirido durante o después de su paso por el Gobierno ascendería a 3,95 millones de euros, a lo que se suman inversiones financieras por 1,04 millones. Parte de estas compras se realizó al contado y otras con hipotecas o fórmulas que, según la UCO, podrían encajar en un "mecanismo de financiación encubierta".

La Guardia Civil sospecha que Fernández actuó como "persona interpuesta" para facilitar que Santos Cerdán recibiera fondos procedentes de comisiones ilegales, aprovechando su relación laboral con Servinabar entre 2021 y 2023. Durante ese periodo, la empresa obtuvo un contrato de 72 millones para la reforma del túnel de Belate, del que al menos seis habrían regresado a la compañía matriz desde donde —según la tesis policial— se redistribuía dinero a la trama.

La UCO subraya la coincidencia temporal entre la expansión patrimonial del exdirigente y la actividad de la red investigada, y considera imprescindible profundizar en el origen real de los fondos empleados para sus adquisiciones.