El Tribunal Constitucional ha dado este jueves un nuevo paso en la escalada de confrontación institucional con el Tribunal Supremo, consolidando una deriva que muchos sectores jurídicos ya interpretan como una desautorización sistemática del alto tribunal ordinario cuando sus resoluciones incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez. Con una mayoría "progresista" de seis votos frente a cuatro, y con dos abstenciones clave, el TC ha anulado las sentencias del Supremo que tumbaron hasta en dos ocasiones el polémico nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, promovido por la entonces fiscal general del Estado y exministra socialista Dolores Delgado.
La decisión, de enorme calado institucional, no solo rehabilita la carrera profesional del fiscal recurrente, sino que supone un nuevo golpe directo al criterio del Supremo, que había considerado el nombramiento carente de motivación suficiente y claramente sesgado frente a un candidato con una especialización muy superior en materia de menores. El Constitucional, sin embargo, ha optado por reinterpretar el alcance del control judicial sobre los nombramientos discrecionales, vaciando de contenido práctico las advertencias del alto tribunal y reforzando el poder del fiscal general del Estado.
El caso de Eduardo Esteban se convirtió en símbolo del controvertido mandato de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía. Durante su etapa como fiscal general, Delgado fue duramente cuestionada por amplios sectores de la carrera fiscal por una política de nombramientos percibida como ideológica y asociativa, con un claro predominio de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), -organización a la que ella misma pertene-, pese a tiene tres veces menos afiliados que la mayoritaria Asociación de Fiscales (250 frente a 700). Esta política de colonización institucional emana directamente del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, durante el mandato del ya exfiscal general, Álvaro García Ortiz, antigua mano derecha de Delgado, condenado por revelar datos secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el 75% de los nombramientos fueron de fiscales de la UPF.
El Supremo llegó a calificar de "insólita" la reiteración del nombramiento de Esteban tras una primera anulación, subrayando el "abismo" existente entre su currículum y el del otro aspirante, José Miguel de la Rosa, fiscal de Sala y especialista en menores.
Pese a ello, el TC sostiene ahora que la Sala Tercera convirtió indebidamente la especialización en un "mérito excluyente", vulnerando —según su interpretación— el derecho fundamental del recurrente a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Para la "mayoría progresista" del Constitucional, el Supremo habría ido demasiado lejos en su control, invadiendo la esfera discrecional del fiscal general y desvirtuando el régimen legal de estos nombramientos.
Este razonamiento ha provocado un profundo cisma interno en el tribunal de garantías. Cuatro magistrados —Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías— han anunciado votos particulares, lo que anticipa una dura crítica jurídica a una sentencia que muchos consideran forzada y orientada a blindar decisiones políticas bajo el paraguas de los derechos fundamentales. No es un detalle menor que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se haya abstenido, al igual que el magistrado César Tolosa, dejando la resolución en manos de una mayoría mínima y claramente ideologizada.
La resolución se suma a una cadena de decisiones recientes del Constitucional que han corregido al Supremo en asuntos de enorme sensibilidad política, como el caso de los ERE de Andalucía o la condena al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. Para numerosos juristas, esta reiteración alimenta la percepción de que el TC está actuando de facto como una tercera instancia, una suerte de tribunal de casación paralegal que está erosionando el equilibrio entre poderes y minando la autoridad del Supremo.
Más allá del caso concreto, el fallo refuerza una idea inquietante: que los nombramientos clave en la cúpula del Ministerio Fiscal quedan prácticamente blindados frente al control judicial efectivo, siempre que se formulen bajo el manto de la discrecionalidad y con el respaldo de una mayoría afín en el Constitucional.