El Tribunal Supremo celebra este jueves la audiencia preliminar para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro del PSOE y antigua mano derecha de Pedro Sánchez, Jose Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García por los contratos de mascarillas, cuyo inicio se baraja para justo después de la Semana Santa.
Las defensas del exasesor ministerial Koldo García y del exministro Jose Luis Ábalos han pedido sin éxito apartar del tribunal a cinco de los siete magistrados por entender que tienen afinidad con alguna de las acusaciones o una opinión formada en la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas.
Una petición que a los pocos minutos ha sido rechazada por el Tribunal Supremo por "extemporánea" en la audiencia preliminar que celebra este jueves, una vista técnica para tratar las cuestiones previas como prólogo al juicio contra el exministro, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama por presuntas mordidas en contratos de compra mascarillas en plena pandemia.
Sin perjuicio de los argumentos que plasmarán en un auto, el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, ha rechazado las recusaciones planteadas por la defensa de Koldo García, que ha formulado protesta con la intención de recurrir al Tribunal Constitucional.
Durante la audiencia previa, esta defensa ha recusado al magistrado Julián Sánchez Melgar por su "manifiesta afinidad" con el PP, que ejerce la acusación popular, dado que fue nombrado fiscal general del Estado por un gobierno del Partido Popular.
También ha solicitado apartar a otros cuatro magistrados por haber formado parte de la sala de admisión que decidió abrir causa cuando se presentó la primera denuncia en el Supremo. Son Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo de Porres.
Entiende la letrada Leticia de la Hoz que todos ellos tienen una "opinión formada" por haber pertenecido a esa sala, por ello ha pedido que se forme nueva sala -una petición a la que se ha adherido la defensa del exministro- al tiempo que ha aprovechado para solicitar, una vez más, la puesta en libertad de Koldo García.
Por el contrario, la Fiscalía se ha opuesto al considerarlo "extemporáneo" y "de absoluta improcedencia", una postura compartida por la acusación popular y la defensa de Víctor de Aldama.
Antes de exponer sus alegaciones contra el procedimiento, la defensa de Koldo García ha propuesto varias pruebas, como que se someta a su representado a la prueba del polígrafo o que se celebre un careo entre él y el comisionista Víctor de Aldama. Esta última ha sido rechazada en ese mismo momento por el tribunal.
Los acusados siguen la vista en silencio detrás de sus abogados.
Es la primera vez que Ábalos y su exasesor reaparecen desde que están en prisión, el pasado 27 de noviembre.
Ambos, uno al lado del otro, se encuentran escoltados por policías y escuchan a las partes con gesto muy serio. Con la cabeza baja, Koldo García se tapa la mitad de la cara con una chaqueta durante toda la audiencia.
Un agente y un hueco en el extenso banco del Salón de Plenos del Supremo le separaba a él y al exministro del comisionista Víctor de Aldama, sentado en un extremo.
Las defensas del exasesor Koldo García y del exministro Jose Luis Ábalos han pedido este jueves al Tribunal Supremo que remita el juicio de las mascarillas a la Audiencia Nacional y, de lo contrario, que consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia para juzgar esta causa.
La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, presentó el miércoles, un día antes de la audiencia preliminar que se celebra hoy en el Supremo, un escrito en el que solicita la suspensión del procedimiento para plantear esta cuestión prejudicial, si bien este martes ya había pedido al alto tribunal que remitiera la causa a la Audiencia Nacional sin necesidad de consultar a Europa, dos cuestiones a las que se ha sumado la defensa del exministro.
Ya en la audiencia, la letrada ha explicado que el único argumento para mantener "de forma arbitraria" la competencia en el Supremo es un acuerdo de diciembre de 2014 que fija la competencia en el auto de apertura de juicio oral, aunque el diputado renuncie después, que es precisamente lo que ha ocurrido con Jose Luis Ábalos. En su opinión, "la apertura del juicio oral es un criterio que se ha puesto como cualquier otro", por eso ha cuestionado "si ese acuerdo tiene rango de ley" para decidir qué ocurre con este caso.
Por eso, ha instado a la suspensión de la vista, para que el tribunal decida si remite o no este caso a la Audiencia Nacional, donde "el juicio ya no sería inmediato", "el riesgo de fuga desaparecería" y, por tanto, procede excarcelar a Koldo García
En caso de que el tribunal rechace esta petición, ha solicitado que el Supremo eleve una cuestión prejudicial al TJUE, no sin advertir de que, de lo contrario, acudirá en amparo al Tribunal Constitucional, pondrá una queja a la Comisión Europea y abrirá la puerta, incluso, a un procedimiento de sanción contra España.
Al respecto, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha destacado que "la competencia la determina el auto de apertura del juicio oral" tal y como establece el acuerdo del Supremo de diciembre de 2014 que, en su opinión, "da lugar a jurisprudencia" porque, además, "es el único momento que aporta seguridad jurídica".
Ha explicado que una vez que se dicta este auto "dejar a una decisión libérrima del acusado" el poder "alterar el órgano de enjuiciamiento" es algo que le parece "descabellado", porque el investigado puede calcular si le interesa o no cuando ya conoce todo, como los escritos de acusación, la prueba y las penas.
En cuanto a Koldo, ha dicho que podía haber pedido en cualquier momento de la instrucción salir del procedimiento, si bien "contrariamente a esto" lo que ha hecho ha sido pedir que se traiga al alto tribunal la causa que se instruye en la Audiencia.
Luzón ha asegurado que el magistrado instructor Leopoldo Puente ha sido "extraordinariamente restrictivo a la hora de fijar el perímetro de los acusados en este procedimiento", un actuación que está "en las antípodas" de "la selección estratégica de investigados" de la que ha hablado la letrada de Koldo.
En su opinión, se ha limitado el enjuiciamiento a dos personas cuya conducta es "inescindible a la de Ábalos", una de ellas Koldo García quien "era el alter ego de Jose luis Ábalos, la persona asesor y asistente que realizaba todo tipo de gestiones legales e ilegales y cumplía sus instrucciones".
Además, Luzón ha advertido de las consecuencias en caso de que la causa se derive a la Audiencia Nacional, porque el procedimiento volvería a la fase de instrucción y habría que practicar nuevas diligencias lo que "rompería la certeza del procedimiento y generaría dilaciones indebidas".