El Congreso ha aprobado este miércoles una moción del PP que pide al Gobierno "renunciar con carácter inmediato" al proyecto para la regularización masiva a la que podrían acogerse millones de inmigrantes ilegales que viven sin permiso de residencia en España, gracias a la unión de los votos de los populares con Vox y Junts.
Con 176 a favor, 172 en contra y ninguna abstención, la iniciativa del PP ha salido adelante también con el apoyo del diputado de UPN sin incorporar las enmiendas de Vox, que pedía añadir otras medidas más duras en materia de inmigración, ni de Junts, que quiso incluir la delegación de competencias en materia de inmigración para Cataluña.
Mientras los servicios de emergencia aún buscaban cadáveres sobre las vías e Adamuz, Pedro Sánchez anunció a finales de enero que llevaría a cabo esta regularización para "retomar el espíritu de la iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por más de 600.000 firmas, que, aunque superó su toma en consideración en la Cámara Baja, había quedado bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.
El Ejecutivo tomó esta decisión tras un acuerdo con Podemos y, previsiblemente, aprobará la medida en las próximas semanas por medio de un real decreto -actualmente, se están recabando informes de órganos como el Consejo de Estado-, por lo que evitará pasar por el Congreso, donde carece de mayoria.
La moción del PP aprobada hoy insta al Gobierno a parar esta regularización "por ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo" y también a ejecutar "de manera efectiva" las órdenes de retorno, revisar los acuerdos con terceros países para asegurar su cumplimiento y garantizar la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes.
Durante el debate, que se llevó a cabo ayer, la diputada del PP Sofía Acedo cargó contra la medida del Gobierno porque, insistió, permitirá la regularización de "miles de delincuentes" por el instrumento que incorpora para que, quien no pueda hacerse con el certificado de antecedentes penales, pueda presentar una mera declaración responsable. Es decir, que legalmente el Estado deberá fiarse de la palabra de un criminal.
El diputado de Junts Josep María Cervera coincidió con el PP en criticar la medida, en su opinión adoptada "por la puerta de atrás", pero ahondó en la necesidad de retomar la delegación de competencias en materia de inmigración para Cataluña.
Ignacio Gil Lázaro, de Vox, defendió sus medidas como incrementar el periodo mínimo de años necesario para acceder a la residencia de larga duración o revocar la nacionalidad y expulsar a quienes cometan delitos graves o "traten de imponer el islamismo" porque, en su opinión, daba más "fortaleza y realismo" a la propuesta del PP.