El 'falso mena' de 23 años que violó a una niña de 14 en Hortaleza solicitará la regularización

Mohamed Rifai, el 'falso mena' marroquí que en agosto de 2025 violó a una niña de 14 años en el barrio madrileño de Hortaleza, solicitará acogerse a la regularización masiva anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha confirmado el letrado de la familia de la víctima, quien ha vuelto a identificar ante el juez a Rifai como su agresor, un inmigrante ilegal de 23 años, natural de Marruecos, que se alojaba en el centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados de Hortaleza.

El abogado ha explicado a la prensa que el investigado sigue en prisión provisional, y ha revelado que su abogada va a tratar de regularizar su situación administrativa porque, según su defensa, no tiene antecedentes penales, sino "sólo policiales". Además, ha asegurado que pedirá la máxima pena posible y, convencido de que será condenado, solicitará su expulsión de España cuando cumpla dos tercios de la pena de prisión que se determine.

Cabe recordar que en los apenas cuatro meses que llevaba en Madrid, el violador había sido detenido en ocho ocasiones: robos con fuerza, hurto, amenazas, riña tumultuaria, robo con violencia y atentados contra agentes de la autoridad.

Pese a ello, siempre había quedado en libertad y sólo tras la violación, que realizó mediante una técnica de estrangulamiento y asfixia llamada mataleón, fue internado de manera preventiva en un centro de menores, pues alegó que tenía 17 años para evitar la cárcel. Allí pasaría 45 días hasta que el 15 de octubre, un mes después de que los forenses certificaran que en realidad tenía 23 años, un juez decretó su ingreso en prisión.

Por este motivo, es la segunda vez que la niña declara, ya que tuvo que hacerlo tras la agresión ante el juez de menores que llevó el caso inicialmente, según ha recordado su letrado, que ha afirmado que la fase de instrucción entra ya en su recta final.

El paraíso del crimen

Como muchos vienen advirtiendo, la regularización masiva del Gobierno, que podría afectar, directa o indirectamente, hasta a dos millones de personas, amenaza con convertir España no sólo en un auténtico coladero por sus laxísimos requisitos (acreditar una estancia de cinco meses con una factura, un ticket de transporte...), sino en un imán, cuando no paraíso, para los criminales.

De hecho, esta semana la Policía Nacional ha emitido una alerta interna recordando los criterios de actuación tras percibir un incremento exponencial en las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida del pasaporte por parte de miles inmigrantes con antecedentes penales.

"Con motivo de la publicación el pasado 22 de enero de la noticia sobre un nuevo proceso de regularización de inmigrantes que se encontraran en nuestro país en situación irregular a fecha 31 de diciembre de 2025, se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias en las ODAC (Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano) por extravío/pérdida o sustracción de documentación (principalmente pasaporte), por parte de ciudadanos extranjeros completamente indocumentados", señala el documento.

En este sentido, el sindicato Jupol ya alertó en un comunicado acerca de los enormes riesgos que entraña una regularización masiva basada "casi exclusivamente en la carencia de antecedentes penales firmes": "Una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves puede no contar todavía con antecedentes, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse. La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale necesariamente a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación".

Además, el mismo sindicato advertía sobre "la inseguridad jurídica que genera un proceso extraordinario de estas características articulado por una vía normativa excepcional y con criterios que pueden dar lugar a interpretaciones dispares, como, por ejemplo, cuáles son y cuáles no, antecedentes 'relevantes'".