Varios agentes de la Guardia Civil han confirmado este jueves su tesis de que no hay manipulación alguna en los audios que grabó el exasesor ministerial Koldo García de sus conversaciones con otros cargos públicos, una prueba que ha suscitado especial polémica en la sesión vespertina del juicio en el Tribunal Supremo.
Estas grabaciones desencadenaron en la imputación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una pieza separada del caso, centrada en presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública que se investiga en la Audiencia Nacional, y esta falta de relación con lo que juzga el Supremo es la que ha motivado la protesta de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.
El origen de la polémica reside en que esta letrada propuso una contrapericial a los informes de la Guardia Civil, encargada por la defensa de Santos Cerdán, para cuestionar la cadena de custodia de las grabaciones de Koldo García.
De la Hoz quería que se hablase de la cadena de custodia y no del contenido de los informes policiales -si estaban o no manipuladas las grabaciones- porque los audios no tienen nada que ver con el juicio a Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, sino que están en la Audiencia Nacional y ni si quiera el tribunal tiene acceso a ellos.
La intervención de la abogada ha causado especial sorpresa en la Fiscalía. "El Ministerio Fiscal no entiende nada", ha llegado a reconocer el fiscal Alejandro Luzón, que ha subrayado que la presencia de los guardias civiles y de los peritos de parte ha sido aceptada por el tribunal, y que ellos nada pueden decir de la cadena de custodia.
Son los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que realizaron el registro y el volcado del material intervenido quienes el lunes hablarán al respecto.
El debate entre la defensa y las acusaciones ha motivado que el tribunal haya tenido que retirarse a deliberar y, tras un nuevo debate en sala, ha vuelto al punto de partida y todos los informes se han expuesto en el juicio.
Eso sí, por indicación del presidente, Andrés Martínez-Arrieta, no se ha hablado del contenido de las grabaciones, sino de "la obtención" y "fidelidad" de las evidencias.
Cuatro agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil han ratificado sus informes de acústica y electrónica y han dejado claro que no han encontrado "ninguna muestra que indique que hay manipulación en los audios" del exasesor ministerial.
Incluso, consideran que no han podido ser alterados en las propias dependencias policiales: "Si están en custodia, es imposible".
Por su parte, los peritos de la defensa han subrayado la necesidad de haber obtenido los audios de los dispositivos originales porque así hubiesen repetido el volcado mediante un sistema que permite una extracción más completa. Un sistema que, sin embargo, la Guardia Civil ha dejado claro que sí se usó.
"Una cosa es el volcado en un momento puntual en sede judicial y otra si la evidencia que contenga ese dispositivo ha sido grabada o cómo ha llegado. Eso es lo que ponemos en cuestión", ha indicado uno de los peritos de la defensa.
La controversia ha vuelto a aparecer cuando, en el turno de la defensa de Koldo García, la abogada ha tratado de que respondiesen si se puede acreditar la cadena de custodia de los audios si los peritos no los han obtenido directamente de los dispositivos. "No lo pueden afirmar", ha cortado el presidente del tribunal porque "no tienen responsabilidad en la cadena de custodia".
Tres inspectoras del Ministerio de Transportes han rechazado este jueves haber recibido indicaciones en la auditoría que elaboraron y que puso en cuestión la adjudicación de contratos de mascarillas.
La novena jornada del juicio a Ábalos, su exasesor Koldo García el empresario Víctor de Aldama ha comenzado en el Tribunal Supremo con la extensa intervención, de casi tres horas, de estas tres inspectoras y de una perito que elaboró, a petición del exministro, un informe que cuestionó la auditoría de Transportes.
Con sus respuestas, las inspectoras han intentado sacudirse los reproches de subjetividad, "falta de transparencia" y juicios de valor que, según la perito de la defensa, contiene el informe de auditoría encargado por el actual ministro, Óscar Puente.
Una auditoría que, según han recalcado las funcionarias de Transportes, no era una "auditoría pública", sino "una auditoría interna publicada".
Las defensas han cuestionado con dureza que las inspectoras no entrevistasen a todos los que intervinieron en la contratación, empezando por el exministro Ábalos, lo que a juicio de la perito encargada por él "resta objetividad e independencia" al informe.
Al respecto, las funcionarias han explicado que solo podían entrevistar a quienes forman parte del Ministerio o de la administración porque no tienen "autoridad" para pedir información a alguien que ya no trabaja allí, y que plasmaron las respuestas recabadas en el informe, sin que eso encierre ningún juicio de valor. Para elaborar la auditoría, analizaron 1.928 archivos y más de 6.000 correos.
La perito que ha declarado a propuesta de Ábalos y su exasesor ha querido dejar claro que, en su informe, ella nunca entró a valorar "si está bien o mal la auditoría", pero sí ha reiterado que, "según cómo la han analizado, contiene sesgos, interpretaciones subjetivas" y eso "les aparta de los estándares" que deben seguir.
Uno de los aspectos que cuestionó la auditoría fue la "intervención" del exasesor ministerial Koldo García en varios momentos de las adjudicaciones, "principalmente con la oferta directa, en papel y sobre la mesa", de la empresa Soluciones de Gestión, según ha explicado una inspectora.
Según su criterio, "llama la atención que sea un asesor" quien tenga esas intervenciones, sobre todo cuando además había un jefe de gabinete que estaba "por encima de cualquiera de los asesores".
Al igual que han destacado que Soluciones de Gestión se ofreciese para suministrar material sin ofertas aún, el 20 de marzo de 2020, de modo que "era evidente" que alguien se lo había comunicado a la empresa, aunque no han sabido quién.
La duplicidad de un encargo de mascarillas (de 4 a 8 millones) en 38 minutos es otro de los aspectos destacados por las inspectoras, porque "la estimación técnica del Ministerio" eran 4. La Fiscalía sospecha que detrás de ese aumento está una "imposición" de Aldama aceptada por Ábalos y Koldo García.
"Objetivamente, nadie nos ha dicho por qué se produce ese cambio", ha indicado una. "No se cuestiona la cifra; la realidad es que la cifra no está motivada en la orden de adquisición", ha apuntado otra.
Eso sí, las inspectoras han reiterado que la legalidad en la tramitación de los contratos no está en cuestión, porque ya fue auditada y avalada por el Tribunal de Cuentas.