El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la que le transmite su "preocupación" por la -reveladora- decisión de la jueza María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la "crisis" de Ceuta facilitar información a sus superiores; ante lo que Perelló le ha pedido "máximo respeto".
En su carta, según han informado fuentes de Interior, Marlaska sostiene que en situaciones de extrema gravedad, como la de Ceuta, debe ser compatible que la policía judicial informe a los órganos judiciales a la vez que facilite al Gobierno "cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional".
El titular de Interior da este paso después que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), adscrito a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, haya elaborado un informe a petición de la magistrada de la Audiencia Nacional, que según Interior dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre dicho informe.
El exjuez y ministro ya envió una misiva bastante atípica el pasado miércoles de madrugada al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo. En ella aseguraba desconocer el informe del CENIF sobre Ceuta y solicitaba "ser informado a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo".
En su escrito de respuesta, Perelló señala al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales.
También recuerda que la Constitución establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos y especial para la policía judicial; y que la ley establece que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.
“Estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto”, sostiene la presidenta del Poder Judicial.