Cabrera contra los derechos fundamentales

No he visto ni escuchado demasiados comentarios sobre el vídeo-mensaje que difundió con fullería la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, antes de conocerse la nota de prensa con el fallo del Tribunal Supremo al respecto de Educación para la Ciudadanía.

De alguna forma estamos acostumbrados a que este Gobierno nos haga trampas. Por eso, al margen de que quedara demostrado que se grabó con bastante anticipación el mensaje que posteriormente se divulgaría a través de Internet –lo que demuestra que hubo filtración o que en Educación son adivinos–, me llamó más la atención el hecho de que en lugar de hablar sobre una decisión judicial la ministra se dedicó a divagar sobre la libertad editorial.

Cuando tendría que haber explicado que la decisión del Supremo se circunscribe a cuatro casos de Asturias y Andalucía, que el resto de causas en el resto de España tendrá que seguir esperando otras notificaciones judiciales y, por tanto, no están obligados a volver a clase, va la ministra y se descuelga con un discurso sobre la libertad de edición de libros de texto. Hizo hincapié en que existe desde 1998 y que, por ello, cualquier libro de texto es de edición libre siendo decisión de cada editorial.

Y digo yo: ¿No estará la ministra, a la vista de lo que pueda decir la sentencia, queriendo advertir al Tribunal Supremo de que ya no puede echar para atrás determinados contenidos de una asignatura con la excusa de que ya tiene muchos libros impresos en el mercado? ¿No se estará la ministra poniendo la venda antes de hacerse la herida?

La sentencia rechaza la objeción a una asignatura obligatoria, pero el texto de dicho laudo puede dejar claro que los contenidos de esa materia no pueden ser de índole moral. Es bastante posible que el dictamen ponga, entre los razonamientos jurídicos, unos límites al adoctrinamiento y algunos de éstos pueden ser la actividad del profesor y los libros utilizados.

Habría que recordar que hay tribunales que no han reconocido todavía la objeción de conciencia, pero sí entienden que algunos padres se opongan legítimamente a la asignatura por los libros utilizados, los materiales empleados y la predisposición del profesor.

Y me pregunto yo: ¿No estará insinuando la ministra que el verdadero problema son esos mismos libros, el dinero que ha costado publicarlos para que ahora los cambien?

En este caso, el problema se habría generado desde el Gobierno. Existe la libertad editorial, sin duda alguna, pero el Ministerio es aquí el que ha tenido la potestad para determinar cuáles son los libros que responden a los programas aprobados. Si eso es así, yo propondría que las editoriales demanden por daños y perjuicios al departamento de la ministra Cabrera por adelantar unos contenidos que van en contra del reconocido derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos conforme a sus valores éticos, morales y religiosos.

Si se trata de dinero, tenemos un problema de verdad, porque si ponemos en la balanza los perjuicios económicos de las editoriales con los derechos fundamentales, el desequilibrio es sobresaliente. Y yo le diría entonces a la señora Cabrera, ¿qué pasa, es que no vamos a reconocer los derechos fundamentales de unos estudiantes y sus padres solamente porque ha costado mucho dinero publicar sus libros de texto?

Ministra, sigue habiendo cosas que no se compran con dinero.