Asociaciones de profesores y padres critican la actual política educativa

Se cumplen cinco años de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). En este período, las polémicas y divergencias se han disparado. Las sentencias judiciales y el descontento de muchos padres y asociaciones educativas vuelve a dejar ver que el problema educativo en España sigue sin resolverse a pesar del compromiso del PSOE. Los datos son muy claros: el abandono escolar no baja y a esto se suman nuevos problemas como la violencia en las aulas o la enseñanza de religión.

Desde que el 3 de mayo de 2006 el Gobierno de Zapatero aprobase la Ley Orgánica de Educación (LOE), la oposición a esta nueva norma y a los posteriores decretos y disposiciones aprobadas para ampliar la normativa no han cesado.

Primero fue la oposición a un sistema que no había sido consensuado mediante un pacto de Estado, como se ha venido reclamando por todas las asociaciones educativas. Más tarde, muchas voces se alzaron contra la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC).

Algunos padres consideran que esta materia vulnera su libertad a la hora de educar a sus hijos e inculca valores con los que no están de acuerdo. Además, en muchos sectores se habló de que se pretendía "adoctrinar" con EpC. Ya el sindicato independiente ANPE denunció que "la educación se había convertido en los últmios años en un lucha política con una profunda carga ideológica". Las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas eran muy heterogéneas por lo que la confusión se adueñó de las familias.

La sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia a la materia negó este derecho a los alumnos, sin embargo, sí estableció que no se podía "imponer puntos de vista morales", un triunfo a medias para todas las partes.

Esta semana ha sido el Real Decreto sobre la regulación del Bachillerato que establecía que los alumnos de primer curso con hasta cuatro asignaturas suspensas podían cursar algunas materias de segundo curso, el que ha sufrido el varapalo.

El Supremo considera que este decreto "vulnera la Ley Orgánica de Educación" al crear una modalidad de estudio del Bachillerato (asignaturas sueltas de primero y de segundo) que "no está prefijada" en esta norma. La sentencia del Tribunal Supremo considera que "tal regulación reglamentaria carece de cobertura legal y altera, por completo, el régimen regulador de la LOE". El Supremo indica que el Gobierno "no ha respetado la Ley" como norma de superior rango a la que se encuentra sometido.

Desde este periódico ya se denunció que el Gobierno pretendía "maquillar" las cifras del fracaso escolar para llegar al 10 por ciento máximo de fracaso admitido por la UE. Para Javier Carrascal, consejero de ANPE en el Consejo Escolar del Estado, el Gobierno "intentó establecer tres cursos en el Bachillerato", sin embargo no se atrevió a hacerlo y no promulgó ninguna ley para llevarlo a cabo.

Puntos de discordia
El sindicato independiente ANPE se ha mostrado muy crítico con el Gobierno en algunos aspectos. ANPE considera que las medidas de apoyo al profesorado no supusieron ningún avance y que la educación española carece de una Ley de Financiación que permita la aplicación de la LOE. Además, desde ANPE se reclaman medidas urgentes para atajar la violencia en los centros educativos.

Para la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) la LOE no ha solucionado los problemas educativos, sino que ha añadido algunos nuevos en la materia de religión, en la no superación de las cifras de fracaso escolar que doblan las de Europa o en el establecimiento de que los alumnos podrían faltar a clase si se ponen de acuerdo y lo comunican a la dirección del centro.

En torno a este tema, y según la LOE, "...las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro". Éste artículo fue interpretado como "una barbaridad" por algunas confederaciones. Para CECE esto supone "hacer novillos sin represalias".




En cuanto a la enseñanza de religión y moral católica, ésta fue la opción mayoritaria escogida por los alumnos en el curso 2008-2009, ya que tres de cada cuatro escogieron esta materia -el 73,5 por ciento de un total de 4,7 millones de escolarizados-, lo que supone que 3,5 millones de alumnos optan por esta asignatura, según la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El consejo Escolar del Estado aprobó en el curso 2006/07 una enmienda en la que se instaba al gobierno a que "revisase el Concordato con el Estado Vaticano con el objeto de que la enseñanza de religión no formase parte del currículo escolar".

Desde las asociaciones educativas no se entiende que se modifique la cuestión de la enseñanza de religión cuando, según las cifras de la CEE, 73,5 por ciento de los alumnos cursa la asignatura.

La ANPE ha denunciado, además, que no se han adoptado suficientes medidas ni se ha establecido un marco normativo para responder a los conflictos y resolver las conductas de alumnos, contrarias a los principios democráticos de convivencia.

ANPE ya presentó datos en el consejo Escolar del Estado para abordar la problemática. Según un estudio entre el profesorado de la Comunidad de Madrid, el 80 por ciento de los profesores han sido insultados y el 81 por ciento de los alumnos ha faltado al respeto alguna vez al profesor. Además, se denuncia que el 73 por ciento de los profesores madrileños está en riesgo de padecer enfermedades psíquicas o psicóticas.

Javier Carrascal ha explicado a este diario que las expectativas que el PSOE había creado en 2004 para cambiar y mejorar el sistema educativo llevó a que se expresasen soluciones más decididas, ya que la Ley anterior había traído tasas más altas de fracaso escolar.

"Pensábamos que cambiando la anterior Ley se conseguiría mejorar la Educación", ha reconocido Carrascal, quién ha añadido que "el PSOE echó por tierra una ley orgánica con un decreto. Era como una vuelta a la LOGSE".

Carrascal cree que tras cinco años de Gobierno socialista hay muchos problemas sin resolver, entre ellos la restructuración del Bachillerato, la mejora de la FP, la mejora de las cifras de abandono escolar... "El Gobierno no ha sabido resolver las expectativas y lo que ha hecho es poner parches", ha matizado.

"La Educación es una cuestión de Estado, no de partidos o de territorios", ha asegurado Javier Carrascal. "El PSOE y el PP contemplaban este pacto en su programa electoral de 2008, ya que es una cuestión de los dos partidos mayoritarios", ha explicado el consejero de ANPE.

Éste considera que la Educación "es un arma arrojadiza", ya que cuando cambia el Gobierno, cambia la Ley. Carrascal cree, además, que "no hay voluntad real" para resolver el problema y que las sentencias contra la política educativa de Zapatero "no supondrán nada".

Aunque estos colectivos educativos están presentes en el Consejo Escolar del Estado, éste no tiene decisiones vinculantes, sino consultivas. Esto, junto con la "politización" del órgano denunciada por Isabel Bazo, presidenta de CECE, en EL IMPARCIAL, conlleva que, aunque se escuchen las diferentes opiniones, no acabe sirviendo para nada.