ANV: la violencia fuera del juego político

El Tribunal Supremo (TS) español, en un auto hecho público este jueves, ha ordenado la disolución de los grupos municipales de la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV), a fin de cortar el soporte institucional que los mismos le dan a ETA, cuyo entramado terrorista, irónicamente, en buena parte, se sostenía a costa de las subvenciones con que los contribuyentes españoles sostienen a corporaciones municipales y organizaciones locales varias.

La iniciativa del TS no responde a la intención de coartar los fundamentos ideológicos de los nacionalistas vascos, si no de frenar una militancia política que justifica y apoya los atentados perpetrados por una organización terrorista, que no ha hecho otra cosa que sembrar el pánico en el País Vasco a punta de bombas.

El Supremo, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, no está penalizando el nacionalismo vasco en sí mismo ni a las organizaciones o programas secesionistas, si no al hecho de que existe una plataforma que se vale de las instituciones gubernamentales para apadrinar los actos sangrientos, vandálicos y vejatorios de ETA, a costa de los impuestos que mensualmente paga el conjunto de la sociedad española. Una situación tan incomprensible como inadmisible.

Es por ello, que la medida del TS ha sido más que oportuna, ya que en España existe el ejemplo de un gran número de formaciones separatistas que han coexistido pacíficamente con el Estado español, sin necesidad de que éstas incurran en el asesinato, el secuestro o a la extorsión para hacerse escuchar.