El PP exige al Gobierno medidas para erradicar la delincuencia en menores, que va en aumento y es una cuestión que les ha enfrentado en los últimos días tras el crimen de la joven Cristina Martín en Seseña. Mientras los populares abogan por una reforma urgente de la Ley del Menor, desde el Gobierno piden no legislar en caliente.
Casos como el de la joven asesinada en Seseña han levantado ampollas entre la opinión público y han generado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular. Mientras el PP apela al Ejecutivo a que renuncie al “inmovilismo” emprendiendo medidas para poner coto a la delincuencia juvenil, desde el Gobierno creen que no es conveniente legislar después de los últimos crímenes sucedidos, por lo que piden un debate sosegado para modificar leyes. Así, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido “una oportunidad para la Ley del Menor”, que ya fue endurecida en 2006, y ha ofrecido al PP crear una "comisión de seguimiento" sobre la aplicación de esta norma.
Lejos de estar de acuerdo con la postura gubernamental, el portavoz de Interior del PP,
Ignacio Cosidó, explica al EL IMPARCIAL que su partido considera “importante” algún tipo de reforma, “no por ningún caso puntual por dramático que haya sido, sino porque estamos observando que hay un incremento tanto en delitos violentos protagonizados por menores como en los relacionados con la libertad sexual”, afirma.
Una modificación, por tanto, de la Ley del Menor “con el único objetivo de reducir la sensación de impunidad en casos de jóvenes que en pocos años quedan en libertad y que continúan, en algunos casos, con sus carreras delictivas”, dice Cosidó, quien añade que esta situación “pone de manifiesto el fracaso de las medidas de reinserción”.
Cómo es la legislación en el resto de países europeos.
Para trasladar esta idea al Ejecutivo, el PP presentará en el Congreso su propuesta de reforma de la Ley del Menor, en la que se baraja plantear, según Cosidó,
“la reducción de la edad penal a los 12 años, el endurecimiento de las penas por delitos especialmente violentos y una mejora de las medidas de educación y de reinserción”. A medio camino entre la posición de los dos principales partidos del Congreso se encuentra el Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuyo portavoz,
José María Benito, cuenta a este periódico que la ley “ya no vale porque se aprobó en el año 2000 y hasta hoy ha sufrido cinco modificaciones, prueba de que no funciona”. A juicio de Benito, la modificación de esa norma “debe hacerse con serenidad y no presionados por los sucesos”, a lo que añade que “lo ideal sería que cada caso fuera examinado por un equipo de profesionales que valorara si ese menor era o no consciente de los actos delictivos que cometió”.
Benito coincide con Cosidó cuando explica que con la norma actual “están aumentando los delitos cometidos por menores porque se ha incrementado el sentimiento de impunidad”. Tanto, afirma, “que hasta clanes familiares y mafias utilizan a jóvenes para llevar a cabo actos delictivos por los que un adulto acabaría preso”.
¿Cuáles son las cifras de delincuencia?A pesar de que el Gobierno no quiere modificar la normativa referente a los menores porque, según las comunidades autónomas encargadas de aplicarla, “funciona bien” y la insistencia del ministro del Interior de que los casos de asesinato de menores cometidos por jóvenes son “excepcionales”, la oposición insiste en la necesidad de reforma y aporta cifras con las que buscan apoyar la supuesta marcha deficitaria de la Ley del Menor.
El cuco, menor implicado en la muerte de Marta del Castillo. Efe
Según el PP, de
la Memoria de la Fiscalía General del Estado para 2008 se desprende un incremento de la delincuencia entre menores. Además, las cifras del
Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que el número de sentencias firmes de menores han aumentado un 16,8 por ciento. A estos datos hay que añadir los provisionales del
Consejo General del Poder Judicial, que apuntan que, en 2009, 3.100 menores más fueron juzgados por delitos y faltas
“Es difícil saber cuáles son los datos reales”, confirma Cosidó, quien sostiene que “el Ministerio del Interior hace una política sistemática de ocultación de las cifras de delincuencia tanto globales como las referentes a menores”. Sin embargo, afirma que su partido ha detectado “una manipulación de los datos de las estadísticas de delincuencia por parte de Rubalcaba” y explica que “tienden a excluir los datos de todos los delitos cometidos en el País Vasco, parte de Navarra y Cataluña, lo que hace que al compararlos con los de otros años, cuando estas comunidades no tenían policías autonómicas, se produce una disfunción”.
El PP ha llegado a la conclusión de que “las estadísticas de Interior no son fiables porque los datos que de la Fiscalía General del Estado ponen de manifiesto que se está produciendo un aumento del número de este tipo de casos entre los menores”.