cristina martin

El Juzgado de Menores de Toledo ha otorgado a los padres de Cristina Martín, la joven de 13 años asesinada en abril pasado en Seseña (Toledo), una indemnización de 300.000 euros, la máxima cantidad que pedían sus progenitores.

Familiares de Cristina Martín, la joven asesinada en Seseña hace un mes, han encabezado una manifestación que ha recorrido las calles del municipio y a la que también han asistido los padres de Sandra Palo y el padre de Salvador Cortés, entre otros.

Los góticos se han convertido en uno de los colectivos más mediáticos. Esta semana son noticia por un asunto poco amable, la trágica muerte de Cristina Martín de la Sierra en Seseña a manos, presuntamente, de una chica de 14 años que, al parecer, era entusiasta de la estética siniestra que caracteriza a este grupo. EL IMPARCIAL destapa las claves de esta tribu urbana.

El fiscal de menores ha solicitado el internamiento por la "gravedad de los hechos, los indicios racionales y contundentes de la participación de la menor en los mismos".

Las dos menores imputadas en el crimen de Seseña --C.H.S., acusada de un delito de asesinato y N.N.N., acusada de un delito de encubrimiento-- han reconocido su autoría en los hechos durante la audiencia que se ha celebrado en el Juzgado de Menores de Toledo, por lo que se ha acordado una sentencia de conformidad que condena a cinco años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada para C.H.S. y a dos años de internamiento en régimen semiabierto y un año de libertad vigilada para N.N.N.

El PP exige al Gobierno medidas para erradicar la delincuencia en menores, que va en aumento y es una cuestión que les ha enfrentado en los últimos días tras el crimen de la joven Cristina Martín en Seseña. Mientras los populares abogan por una reforma urgente de la Ley del Menor, desde el Gobierno piden no legislar en caliente.

Gracias a una convocatoria efectuada por las redes sociales de Internet, varios centenares de vecinos de Seseña se han manifestado este sábado en la localidad para exigir el endurecimiento de la Ley del Menor, tras el asesinato de Cristina Martín de la Sierra.