Sobre la imparcialidad de los miembros del TS y del CGPJ

Leo en El Imparcial que el actual Presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, destapa la caja de Pandora y advierte, por decirlo suavemente, que según resulten las votaciones en las próximas elecciones catalanas, Cataluña podría emprender el camino hacia la independencia.

En la celebración de la Diada en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, Montilla ha manifestado que algunos piden la independencia abiertamente, con clara alusión a ERC, y otros no se atreven a exponerlo con tanta claridad en la capital del Reino pero en Cataluña comparten este sentimiento independentista cuando les conviene.

Hasta aquí me parece todo correcto, dentro del tremendismo que nos tienen acostumbrados los políticos en la fase del precalentamiento de las campañas electorales. Montilla lanza el mensaje de que con él y su PSC no habría intento de secesión y la unidad del Estado está garantizada –aunque durante su actual mandato ha sido un secesionista convencido- mientras que si otros ganasen -CIU- la perspectiva de unidad se vería peligrosamente resquebrajada, sobre todo si para gobernar se necesita al socio/comodín de ERC.

Pero lo verdaderamente chocante de la noticia que recoge El Imparcial, es que en la celebración de la Diada en Madrid, Montilla estuviera acompañado, además de por varios ministros de su partido, lo que es totalmente lógico y aceptable, por miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver, de conformidad con la filosofía recogida en “El espíritu de las Leyes” de Montesquieu, el modelo de Estado se basa fundamentalmente en el principio de separación de poderes que es la piedra angular que garantiza la independencia y libertad de actuación de los tres pilares del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dicho de otra manera si el poder judicial es el vigía de los otros dos poderes, aquel debería estar integrado por miembros totalmente independientes de los partidos políticos en liza.

El procedimiento de elección de vocales que se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no es, a mi entender, todo lo cristalino que debería ser para este órgano del Estado que tiene que velar por la máxima transparencia del legislativo y ejecutivo. Desafortunadamente el sistema de elección se fundamenta, en gran medida, en la propuesta y aceptación por parte de los partidos de los miembros nombrados para ejercer como magistrados del Tribunal Supremo o vocales del CGPJ.

Al menos, por pura higiene democrática, dichos miembros deberían mostrarse ante la opinión pública con la mayor imparcialidad posible y no decantarse de manera notoria y manifiesta por ningún partido. No es aconsejable la presencia de vocales del CGPJ y magistrados del TS en actos públicos de partidos políticos o incluso en festividades autonómicas con fuerte arraigo partidista. Después de ver a vocales y magistrados en mítines políticos ¿Qué pensará el ciudadano de a pie de la imparcialidad del poder judicial? ¿Cómo queda la imagen de una justicia impersonal cuando sus miembros se identifican abiertamente con ideologías políticas?

Es una lástima que al día de hoy en España no se haya emprendido la necesaria reforma de la designación de los miembros de la Alta Magistratura y del Consejo General. Los partidos políticos, al igual que las asociaciones profesionales de jueces, deberían quedarse al margen de las cuotas de poder en tan delicadas y transcendentales decisiones como lo son las designaciones de magistrados del TS y vocales del CGPJ.

En EEUU los miembros de la alta magistratura no tienen vinculación alguna con los diferentes partidos políticos, sus puestos son vitalicios y sus remuneraciones lo suficientemente altas como para evitar posibles tentaciones de cohecho. Por regla general son personas que al final de su carrera han acumulado una gran experiencia profesional y se encuentran al margen de las ideologías políticas. Como suelen decir en EEUU, los miembros de la Corte Suprema nunca se jubilan y rara vez mueren.

En España los militares tienen prohibido afiliarse a algún partido político y no pueden asistir en su calidad de militar a ningún acto de índole partidista. Con mayor razón esta misma medida se debería aplicar a todos los miembros de la carrera judicial. Si participan en alguna manifestación política lo deberían hacer a título particular pero nunca en el ejercicio de su cargo. Más aún, aquellos jueces, magistrados del TS o vocales del CGPJ que decidan libremente afiliarse a un partido o en el uso de sus legítimos derechos como ciudadanos acepten cargos de alta responsabilidad del Gobierno de la Nación, Autonómico o Municipal, una vez terminado su mandato público no podrían incorporarse automáticamente a su destino en la carrera judicial y deberían dejar pasar un prudencial periodo de tiempo antes de ejercer de nuevo la alta misión de impartir justicia.