Las reservas del Supremo con Sortu

El auto por medio de la cual el Tribunal Supremo impide a Sortu presentarse a las próximas elecciones no fue adoptada por unanimidad. Hay siete votos particulares que creen en la versión edulcorada de la izquierda abertzale; por lo demás, perfectamente legítimos. En todo estado de derecho que se precie, las resoluciones judiciales están para acatarse pero los votos particulares vinculados a ellas merecen todo el respeto. Ocurre que, de un tiempo a esta parte, el exceso de politización que vive la justicia ha derivado en una desconfianza supina hacia la sustanciación de determinados asuntos.

El máximo exponente de todo ello fue la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, auténtico paradigma de cómo no se deben hacer las cosas. Presiones de todo tipo se cernieron sobre unos magistrados no exentos de responsabilidad, por cuanto demoraron años una resolución judicial que ya estaba dictada, pero que hubo que repetir a otro dictado. Ellos también permitieron que la justicia pediera parte de su imprescindible pátina de discreción y se asomaron peligrosamente a la arena política y mediática, con los funestos resultados que todos conocemos. En otra instancia, pero a mucho mayor medida, está el caso de juez Garzón, más conocido por sus actuaciones a lo Pavía que por sus excelencias jurídicas. Entre todos han conseguido que muchos crean en que la justicia no es independiente del poder político y que, pase lo que pase en el Constitucional con Sortu, habrá lugar para la sospecha. Y puede que tengan razón pero, con independencia de este asunto concreto, urge modificar cuanto antes determinados usos en el mundo de la judicatura para que las instituciones vuelvan a tener una credibilidad que, a día de hoy, está en entredicho. Y eso es inadmisible. Porque el sistema democrático occidental está fundamentado precisamente en la independencia y fiabilidad de la justicia.