El lehendakari: "Hay que legalizar a Batasuna"

Spanair ha dejado de volar. Nuevo problema para el Gobierno dentro de la crítica situación que vive la economía española. La que fuera segunda compañía española, y que llegó a poner en situaciones comprometidas a Iberia a principios de la primera década de este siglo gracias a su política de competitividad en precios y puntualidad, se queda en tierra acuciada por sus grandes deudas, la negativa final de Qatar Airways para entrar en su accionariado y por el hecho de que la Generalitat catalana, una de las principales accionistas de la compañía, de no seguir aportando más fondos a la aerolínea.

El Gobierno ha reaccionado y la ministra de Fomento, Ana Pastor, que había estado en La Coruña junto a su homólogo de Interior, Jorge Fernández Díaz, para apoyar a las familias y compañeros de los tres policías nacionales, uno fallecido y otros aún desaparecidos, que intentaron rescatar de madrugada a un estudiante eslovaco que se adentró en el mar, ha enviado a Barcelona, sede de la compañía, al director de Aviación Civil para conocer de primera mano la situación y ocuparse de los pasajeros de la compañía que se han quedado en tierra e intentar recolocarles en otros vuelos.

Estos acontecimientos inesperados han ensombrecido la reunión entre Mariano Rajoy y Patxi López, en la que el lehendakari vasco ha vuelto a poner sobre la mesa la política sobre ETA llevada a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y con peticiones de calado que según analistas políticos consultados por este diario “hubieran tenido lugar si Alfredo Pérez Rubalcaba hubiese ganado las elecciones generales del 20 de noviembre”, como son la legalización de Batasuna, el acercamiento masivo de los presos etarras a cárceles próximas al o del País Vasco, y la aplicación de medidas individuales sobre los reclusos de la banda terrorista ETA para su salida de prisión.

La petición de la legalización de la antigua Batasuna, según los analistas políticos y fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, “no ha sorprendido para nada, aunque no deje de ser otra de las reclamaciones lanzadas por la banda terrorista ETA en el proceso comenzado tras su anuncio de cese definitivo de la violencia”. “De hecho, la permisividad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su política para llegar a las elecciones del 20-N con al menos el anuncio por parte de los etarras de no volver a cometer actos delictivos, aunque no de su disolución, llevó antes de los comicios autonómicos del 22 de mayo al Tribunal Constitucional a avalar la presencia en los mismos de una marca blanca de la banda, Bildu, contra una el criterio de una sentencia del Tribunal Supremo, la Fiscalía y los informes de la Fuerzas de Seguridad. A partir de ahí, vino el segundo paso, la presencia de Amiur, otro subterfugio utilizado por ETA, en el Congreso de los Diputados, gracias a los resultados obtenidos en las elecciones del 20-N en el País Vasco, donde llegó a cosechar el veinticinco por ciento de los votos, y Navarra”. No es de extrañar, pues, según las mismas fuentes, que López, “heredero de esa política de cesiones de Zapatero y Rubalcaba, haya propuesto directamente la legalización de Batasuna”.

El lehendakari, en la rueda de prensa posterior a la entrevista, ha dejado ver que ha encontrado a Rajoy “al menos receptivo” respecto a sus demandas y que tiene la sensación de que “asumirá la gestión del fin de la violencia de ETA como un asunto de Estado”. También se ha mostrado “absolutamente convencido de que el Gobierno, antes o después acabará aplicando una política penitenciaria no más flexible, sino la que está dentro de la legalidad, porque la Constitución española reconoce la reinserción como el objetivo prioritario de esa política”.

Desde el punto de vista económica, la EPA ha confirmado el dato adelantado por el jefe del jefe del Ejecutivo y ha situado el número de parados en nuestro país en 5.273.600 personas, 577.000 más que en 2010. La tasa de desempleo se sitúa en el 22,85 por ciento, la más alta desde 1995. Y con un dato demoledor: 1.575.000 hogares españoles tienen a todos sus miembros en el paro. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que estos datos han provocado que el Gobierno haya decidido acelerar las reformas pendientes y ha asegurado que presentará inmediatamente las del sistema financiero y la laboral.

Mientras, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado en la localidad suiza de Davos, donde ha acudido al Foro Económico Mundial, que el Estado impondrá un déficit estructural del 0 por ciento a las autonomías para el año 2020. “El compromiso de este gobierno con la estabilidad presupuestaria es absoluto”, ha asegurado el titular de Economía y Competitividad.

Garzón, capítulo tercero. El magistrado instructor del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que entiende la causa abierta contra el ex magistrado de la Audiencia Nacional por el cobro de cantidades de diversas entidades patrocinadoras de los cursos que impartió en Nueva Cork entre 2005 y 2066, ha notificado hoy en auto su imputación por el presunto delito de cohecho impropio, precisamente el mismo por el que fueron juzgados el ex presidente de la Comunidad Valencia, Francisco Camps, y el ex secretario general del PP en esa región, Ricardo Costa, y que del fueron declarados inocentes el pasado miércoles por el veredicto de un jurado popular.

El magistrado del Alto Tribunal ha puesto fin a la instrucción de la causa y transformado las diligencias en un procedimiento abreviado, en el que da diez de plazo a las partes para que formulen escrito de acusación o pidan el archivo del caso, como previsiblemente hará la Fiscalía. El Ministerio Público, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, “se ha convertido en el mejor abogado defensor del ex juez, como se ha demostrado en los juicios que ya se siguen en el Supremo contra él por ordenar la intervención de las conversaciones en prisión entre los presuntos cabecillas de la trama Gürtell y sus abogados, y por la presunta prevaricación cometida al ordenar la investigación de crímenes cometidos durante el franquismo”.