La deuda crecerá un 50 por ciento hasta 2015

La deuda española aumentará un 50,34 por ciento en los próximos cinco años. En 2015 superará el billón de euros y representará el 82 por ciento del PIB, frente al 63,45% actual. Esta es la principal conclusión de un informe elaborado por el Strategic Research Centre, del EAE Business School, recogido por Expansión. Y hoy, sin esperar a que corra la deuda al nivel que lo hace, ya debemos cada español, de la edad que sea, 14.498 euros. En una familia de cuatro miembros, son 57.992 euros. ¿Tenía esa deuda en mente el lector? Pues debe contar con ella, porque se paga o en menos servicios, o en recortes, o en intereses o mayores impuestos. Pero se paga.

Aunque para deudas, la de Islandia. Aquél país quebró; no ha seguido el camino de Grecia, Irlanda y ahora Portugal. Siguió el camino habitual de empresas y Estados cuando su mala gestión o los avatares del mercado les deja ante la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones, que es el de la quiebra. Pero sigue teniendo deudas. 5.000 millones de dólares a Gran Bretaña y Holanda. Los partidarios del “no” se niegan a que los ciudadanos paguen un comportamiento desaforadamente irresponsable por parte de los bancos. Lo cierto es que los acreedores tienen que saber qué riesgo asumen, y no pueden esperar que un tercero (los contribuyentes islandeses, en este caso), satisfagan sus exigencias. El asunto irá ahora a las cortes europeas.

Y más deudas, las que ha adquirido el Estado Portugués, y a las que no puede hacer frente. El País titula “Los políticos ceden el mando en Portugal”, y es que su gobierno económico está en manos de sus nuevos acreedores, la UE y el Fondo Monetario Internacional. Y cita a un economista de la Universidad Simon Fraser, de canadá, llamado Álvaro Santos Pereira: “Portugal tiene el peor índice de crecimiento de los últimos 90 años, la peor deuda pública de los últimos 160 años, el peor desempleo (11%) de los últimos 30 años, la segunda gran ola migratoria en 150 años y la peor tasa de ahorro en 50 años”. Así las cosas, no parece que sea una mala noticia que su gobierno económico caiga en otras manos.

Hay un titular que se repite en la prensa española, y que dice que la UE y el FMI alaban las reformas en España. Pero en gran parte es un autoelogio, ya que aunque no nos hayan tenido que prestar decenas (o centenares, en nuestro caso) de miles de millones de euros, nuestra política económica también está en manos no españolas. “Los políticos ceden el mando en España”, podría haber titulado El País o cualquier otro periódico hace tiempo. Por otro lado, las últimas reformas han logrado, al menos, taimar los peores temores de los mercados. Pero esta sucesión de elogios en la reunión del Ecofin (el conjunto de ministros de Economía de la UE) de este fin de semana tiene más un fin propagandístico que analítico. Wolfgang Schäuble, ministro de Economía de Alemania, Jean-Claude Trichet, gobernador del BCE, John Lipsky, número dos del FMI, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE... todos alaban las reformas del gobierno español, y buscan con ello tranquilizar a los mercados. De hecho, ellos han hecho mención expresa de la opinión de los mercados. Por coger dos declaraciones señeras, Trichet ha dicho que “España ha adoptado decisiones que van en la buena dirección en los últimos tiempos de las que han tomado nota los mercados”, mientras que Schäuble apunta que “España se encuentra en buenas condiciones y considero que los mercados internacionales comparten esta opinión”.

Para completar este cuadro de finanzas públicas, que últimamente acaparan la mayor parte de la atención de los medios de comunicación, y no sin buenas razones, tenemos que irnos a los Estados Unidos. Pongámonos en antecedentes. El Congreso debate los Presupuestos para el próximo ejercicio fiscal. Ocupa la Casa Blanca un presidente demócrata, Barack Obama. Pero tras las elecciones de 2010, el Congreso está dominado por los republicanos. Y sin su consenso, no puede salir ninguna ley fiscal nueva. El problema, aquí, es que en Estados Unidos si el Parlamento no aprueba un Presupuesto, no se prorroga automáticamente el anterior, sino que se suspende. Y, en consecuencia, no se puede realizar ningún gasto más allá del mantenimiento de ciertos servicios públicos. De este modo, de mantenerse el desacuerdo de demócratas y republicanos en el Congreso, se tendrían que quedar en sus casas, suspendidos de empleo y sueldo, 800.000 funcionarios. Ya ocurrió en la época de Bill Clinton, cuya Administración cerró durante 20 días.

Este año se ha evitado repetir lo ocurrido con Clinton, merced a un acuerdo cerrado una hora antes de que concluyese el plazo. Eso sí, el acuerdo incluye “dolorosos” recortes de gasto público, tal como los ha calificado el presidente Obama. Dolorosos para él, pero puede que gozosos para el contribuyente, harto de pagar tantos impuestos. El nuevo acuerdo recortará el gasto en los próximos seis meses, hasta que termine el año fiscal (comienza en septiembre), en 39.000 millones de dólares. El diario The Wall Street Journal dice que es “mucho más de lo que ninguno de los dos partidos habían previsto hace unos meses”.