Miles de empleos públicos, pendientes de que Bruselas flexibilice el déficit

En los últimos meses, la austeridad ha sido la bandera del Partido Popular, actualmente en el Gobierno de España. Sin embargo, fuera de medidas cosméticas –aunque necesarias- como reducir el parqué de vehículos de la Administración, todavía no se ha emprendido el gran ajuste por la vía del gasto. No se puede ahorrar una cifra de peso macroeconómico, como los 40.000 millones de euros que Bruselas exige ajustar, con medidas como reducir el sueldo a los directivos de las empresas públicas.

El grueso del gasto de la Administración, especialmente en las CCAA, las que más se han desviado de su objetivo de déficit, está en la educación, en la sanidad y en el pago de las nóminas de los empleados públicos. Según se desprende de las acciones y las declaraciones del Gobierno, el gasto se ajustará por este último punto. Ya desde el año pasado, los dos principales partidos hablaban de la necesidad de 'adelgazar' la Administración. Pero parece que ya se prepara el momento de la verdad: la reforma laboral despeja las dudas sobre la legalidad de posibles ERE en las empresas y organismos públicos. En otra vuelta de tuerca para preparar el ajuste y aflorar el déficit, el Gobierno ha instado a los ayuntamientos a sacar las facturas del cajón y remitirlas a Hacienda para que los proveedores de la Administración las puedan cobrar.

Pero, ¿por dónde comenzará el tijeretazo? En opinión de la auditora Russell Bedford, por las empresas públicas, que protagonizarán el 75% de los cierres dentro del plan de austeridad de las CCAA. En recorte de personal, esta operación supondría acabar con unos 40.000 empleos. En este sentido, la firma recuerda la reconversión de la industria naval y del metal en empresas como Astilleros Españoles o Hunosa, “que desembocaron en una gran conflictividad social por los fuertes ajustes de plantilla”.

Por su parte, Federico Castaño, autor del libro ‘El Despilfarro’, donde ya vaticinaba ERE en las administraciones públicas, opina a este diario que “en realidad son prescindibles todas las empresas públicas que no arrojen un balance eficaz”.

Alrededor del Estado, las CCAA y los ayuntamientos han proliferado un número elevado de empresas públicas cuyo número –el Gobierno las ha cifrado en 4.000- es incierto, y que desempeñan las más diversas funciones, desde la recogida de basuras a la promoción inmobiliaria. Castaño constata que es difícil saber cuántos serán los despidos “porque dependerá de muchos factores, entre ellos, el objetivo de déficit que tenga que asumir cada administración”. Pero apunta a que son dos los factores a ajustar: los ingresos y los gastos. Por tanto, “puede haber comunidades o ayuntamientos que decidan subir impuestos para evitar mayor destrucción de empleo”, afirma.

Y es que la medida puede ser muy dolorosa en un país con más de cinco millones de parados que, según los vaticinios de FMI o Banco de España, se encamina a una segunda recesión y en el que, por tanto, no se creará empleo.

El empleo, y la austeridad frente al crecimiento
El presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, ha asegurado a este diario que la reforma laboral “abre la puerta al recorte de empleo en empresas públicas”, y se ha mostrado contrario a que el ajuste se cebe con los trabajadores. “Nosotros pensamos que si la economía no crece no se generará empleo”.

Uno de los mayores temores es que este adelgazamiento del sector público con lleve más paro en un momento en que las cifras de desempleo están desbocadas. Sin embargo, todos los frentes parecen convencidos de que hay que redimensionar la Administración y sus aledaños, con el mayor tino posible. Fuentes conocedoras de la situación explican a este diario que “quizá 4.000 empresas públicas sean demasiadas”, pero que, en el momento de emprender el recorte se debe atender a cuáles son las más necesarias: “Hay ocho hospitales de la Comunidad de Madrid bajo esta figura, mientras que existen otras empresas que se dedican a gestionar pistas de esquí”, afirman.

Pero en las últimas semanas el Gobierno ha cambiado de discurso en cuanto a la austeridad y pone un mayor énfasis en el crecimiento. De hecho, considera que a Bruselas no le quedará más remedio que flexibilizar los objetivos del déficit para no ahogar la economía todavía más.

La última de estas manifestaciones, este mismo viernes, cuando el ministro de Economía ha trasladado al presidente de la Reserva Federal de EEUU que el principal problema en Europa y en España no es la necesidad de cuadrar las cuentas sino la necesidad de estimular el crecimiento.

Pero, de momento, todo está en el aire. Todavía no se ha confirmado el déficit registrado por el Estado el año pasado y la Comisión Europea ya ha dejado claro que no flexibilizará el objetivo de déficit hasta que no vea los presupuestos para este año que, según ha adelantado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se presentarán el 30 de marzo. De ello dependerá la dureza del tijeretazo a los empleos públicos.