Argentina: trenes, desidia, cinismo

Miércoles 22 de febrero, 8:30 de la mañana. En la estación Once de la Ciudad de Buenos Aires, terminal del Ferrocarril Sarmiento, un convoy chocó contra el paragolpes hidráulico a una velocidad de 20 km. por hora. Como consecuencia, el segundo vagón se incrustó seis metros en el primero. El accidente arrojó el saldo trágico de 51 muertos y 703 heridos.

El Secretario de Transportes declaró: “Fue un accidente como vimos muchas veces en los diarios. Lo que pasó en Alemania, España, Ucrania…. Esto no parecía un accidente grave”. Para el señor Schiavi la gravedad del siniestro debía atribuirse a que ocurrió en un día laborable y, además, a la imprudencia de muchos pasajeros que usualmente prefieren agolparse en los primeros vagones. Típica lógica kirchnerista que siempre encuentra un chivo expiatorio (en este caso los propios usuarios o la mala suerte de que el choque no sucediera durante un feriado) para deslindar las responsabilidades propias.

Difícilmente funcione esta lógica, por más que el gobierno haya tenido la desfachatez de presentarse en la investigación judicial como querellante. Si no fuera por el respeto que merecen los muertos y sus deudos, la iniciativa movería a la risa. Un gobierno que querella contra la empresa (Trenes de Buenos Aires, TBA), cuyos concesionarios (los hermanos Cirigliano) venían siendo cobijados por los Kirchner como empresarios favoritos del poder.

Un gobierno que repartió subsidios por miles de millones que aseguraron tarifas congeladas y el enriquecimiento faraónico de algunos pero que desde luego nunca llegaron adonde debían: la inversión destinada al mejoramiento de un servicio ineficiente que permite que la gente viaje apiñada, colgada de los estribos y sin garantía ninguna de seguridad.

Varios documentos daban cuenta del estado de los trenes, las vías y las señales. En estos días, por ejemplo, se conoció un informe reciente de la Auditoría General de la Nación con párrafos lapidarios sobre el servicio que brinda TBA, que somete “a riesgos que atentan directamente contra la seguridad de los usuarios del servicio y de todos aquellos que, de algún modo, tienen contacto con el sistema”. La inacción e impericia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, órgano intervenido desde hace una década, es parte también esencial de esta luctuosa historia.

Cincuenta y una vidas segadas por la falta de control de un Estado donde la corrupción hace estragos. La presidenta, mientras tanto, se recluyó en El Calafate. Ni ella ni sus colaboradores más inmediatos (empezando por el Vicepresidente, quizá más preocupado por el escándalo que a estas horas lo salpica) visitaron un hospital para llevar una palabra de aliento a los damnificados. Sólo rompió el silencio este lunes, en un acto en Rosario por los doscientos años de la creación de la bandera nacional, pidiendo a la Justicia que no demorara más de quince días en los peritajes para que ella pudiera avanzar con las medidas a tomar.

Una parte del relato oficial ha quedado desmentida entre un montón de hierros retorcidos y un desconsuelo generalizado. Que se haya llegado a este extremo era de algún modo previsible. Tan previsible como imperdonable.