¿Le están agotando la paciencia a Rajoy?

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha saltado en el Senado ante las acusaciones del ex secretario de Organización del PSOE y ex presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, sobre que su reforma laboral “es la reforma laboral del despido libre y gratuito”, respondiéndole que “no me hable de despidos, porque en los últimos cuatro años ha habido tres millones de despidos. Lo que ustedes no hicieron y deberían haber hecho, no traten ahora de impedírnoslo”.

Empezó el pasado viernes en Bruselas. España tendrá un déficit del 5,8 por ciento en 2012 frente al 4,4 por ciento comprometido en el Pacto de Estabilidad. Y sin pacto alguno con nuestros socios europeos, porque nuestro país, aseguró, es soberano para tomar sus propias decisiones coyunturales en este momento, comprometiéndose, eso sí, a que en 2013 el déficit público se reducirá al 3 por ciento. Motivo, el enorme agujero provocado en las cuentas del Estado entre lo anunciado ante las autoridades comunitarias por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, el 6 por ciento, y la realidad, el 8,51. Sin embargo, en sus declaraciones públicas, el presidente del Gobierno aseguró que no iba a echar la vista para reprochar nada a nadie.

Segundo capítulo. Rebelión de algunas autonomías contra el tope de su déficit, establecido en el 1,5 por ciento de su PIB. Sin reproches, pero asegurando el lunes que no permitirá que ninguna comunidad sobrepase ese límite, puesto que el Gobierno va a cumplir sus deberes y ahora les toca a las Autonomías y a los Ayuntamientos. En este punto, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dejado claros los puntos sobre las íes. Si el lunes fue Cataluña quien lanzó el desafío contra el Gobierno central lanzando una apuesta para que sus gastos pudieran llegar al 1,7 por ciento de su PIB, en esta reunión ha retirado su iniciativa y ha sido, en cambio, Andalucía quien se ha negado a cumplir los objetivos fijados por el Ejecutivo. La proximidad de las elecciones autonómicas en esa Comunidad, que se celebrarán el próximo día 25, y las nuevas revelaciones sobre el escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo y el funcionamiento de empresas públicas reguladas por la Junta, presidida entonces por Manuel Chaves y ahora por José Antonio Griñán, explican, según los analistas políticos consultados por este diario, este “alzamiento” de la Andalucía contra las medidas del Ejecutivo central. Sobre todo tras conocerse las supuestas órdenes dadas por la ex presidenta la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta, Invercaria, Laura Gómiz, a su director de Promoción para que redactara informes con fechas y datos falsos sobre las ayudas concedidas.

Y quizás por todo esto, y además, no sólo por el apoyo del PSOE a las movilizaciones en la calle contra la reforma laboral, sino por su política activa en este sentido, han hecho que el presidente del Gobierno saltara este martes en el Senado, y en una cuestión clave para él, la creación de empleo. Marcelino Iglesias, ex secretario de Organización de los socialistas y ex presidente del Gobierno de Aragón, y ahora senador, tras haber perdido las elecciones autonómicas de 2011, le ha acusado de haber hecho una reforma laboral para “el despido libre y gratuito”. Y ahí, según las mismas fuentes, “ha tocado la fibra sensible del presidente del Gobierno”, que no ha podido por menos contestar lo que ha contestado: “no me hable de despidos, porque en los últimos cuatro años ha habido tres millones de despidos”. Y recuerdo al que fuera número tres del PSOE hasta su último congreso de febrero: “Lo que ustedes no hicieron y deberían haber hecho, no traten ahora de impedírnoslo”.

Más problemas para el PSOE en los supuestos casos de corrupción en los que está comprometido. En este caso, el protagonista, su ex número dos y ex ministro de Fomento, José Blanco. El levantamiento de parte del secreto del sumerio ha permitido conocer el contenido de grabaciones telefónicas efectuadas por el Servicio de Vigilancia Aduanero en el marco de la “operación Campeón”, que, según las fuentes consultadas, parecen en este momento, no dejar en buen lugar al ex ministro.

En una de ellas, José Blanco asegura al vicepresidente de la empresa de transportes Azkar, José Antonio Orozco, que “hice esa gestión con Economía (el Ministerio) que me habías pedido el día que estuvimos en el despacho. Yo creo que será positiva, pero bueno, aún no me contestaron”. Esa gestión es supuestamente a favor de la concesión de un crédito del Banco Central de Inversiones a favor del empresario Jorge Dorribo, socio de Orozco y cuyas declaraciones ante la Justicia han llevado la presunta implicación del ex número dos del PSOE en una trama de corrupción y tráfico de influencias ante el Tribunal Supremo.